Almunia condena al sector naval español

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado hoy que el Gobierno se reserva el derecho a recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval entre 2007 y 2011.

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dejó ayer en manos del Gobierno de Mariano Rajoy la responsabilidad de recaudar las ayudas declaradas ilegales concedidas al sector naval entre 2007 y 2011, tras considerar que el régimen español de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques es «parcialmente incompatible» con las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales.

En contra de lo que ocurre normalmente, pues se suelen aprobar las propuestas del comisario del ramo, el colegio de comisarios tuvo que abordar la cuestión en profundidad, a la luz de la polémica que ha despertado en el sector naval español. Finalmente, el responsable de Industria, Antonio Tajani, que durante todo el proceso ha sido un fiel aliado de España, levantó sus reservas sobre la decisión, una vez conseguido reducir el impacto de la decisión que Almunia proponía.

La Comisión Europea ha tenido en cuenta que el régimen, implantado en 2002, nunca fue notificado a Bruselas para su autorización previa, «como hubiese sido preceptivo». Según la investigación, dicho régimen ha permitido a agrupaciones de interés económico (AIE) y a sus inversores beneficiarse de «una ventaja selectiva con respecto a sus competidores» de otros países.

«Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiarios de esas ayudas tienen que devolverlas al estado miembro, es decir, en este caso a la Hacienda española», dijo el vicepresidente de la Comisión.

De este modo, «qué cantidad de las ayudas» debe ser devuelta, quién debe devolver el dinero, cómo se debe proceder y cuánto es el montante, que corresponderá ahora al gobierno español.

No obstante, gracias a la presión política ejercida por el equipo de gobierno y el propio sector, que se ha movilizado ampliamente para modificar la propuesta inicial del comisario de Competencia, el dictamen de la Comisión es menos duro de lo que se preveía, pues se ha aplazado dos años el comienzo de la devolución.

«En aplicación del principio de seguridad jurídica, la Comisión no pide la recuperación de las ayudas concedidas entre el comienzo del régimen en 2002 y el 30 de abril de 2007, fecha en la que la Comisión públicamente declaró incompatible una medida francesa similar», asegura la decisión de la Dirección General de Competencia.

Ahora bien, los beneficiarios de la bonificaciones «no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos existentes», por lo que sólo los inversores deberán hacerse cargo de la devolución.

La cuantía total, estimada en unos 2.000 millones de euros por el Gobierno, podría ser inferior, según insinuó el comisario, debido a que deben descontarse algunos conceptos. Así, la decisión concluye que parte de las ayudas se pueden considerar compatibles con el tratado de la UE porque contribuían a los objetivos de las directrices sobre las ayudas de estado para el sector marítimo, a través de las ayudas vía precio a las navieras.

Esperanza para el futuro

Almunia insistió además en que actual sistema de «tax lease» sí es legal. «Existe un régimen de "tax lease"no selectivo notificado por España y aprobado por la Comisión Europea en noviembre de 2012. Este sistema puede y debe utilizarse para financiar la construcción de buques», manifestó.

En este sentido, el comisario planteó que ese marco «es plenamente compatible» con las reglas europeas y ofrece plena seguridad jurídica. Además, la Comisión Europea «no cuestiona el régimen fiscal español en función del tonelaje que favorece a las navieras».

«No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles. El futuro de los astilleros, de la industria auxiliar y de sus trabajadores dependerá, fundamentalmente, del potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores», planteó Almunia.

A su juicio, el sector naval español es un sector que ha demostrado competitividad, capacidad de innovación y capacidad empresarial más que sobrada después de una larga reestructuración. «Hay demanda entre las empresas navieras y los armadores, que conocen bien la calidad de lo que el sector español puede fabricar y yo creo que hay inversores y habrá inversores. Lo que hay que hacer es buscarlos y convencerlos y estoy seguro de que así se va a hacer», zanjó.