Corte presiona a presidente salvadoreño para reapertura

 (AP). La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el miércoles al presidente Nayib Bukele que sancione y mande a publicar el decreto 661 con el que la Asamblea Legislativa decretaba emergencia por la pandemia COVID-19, y programaba la reapertura económica, pero que fue vetada por el mandatario alegando que era inconstitucional.

La Sala de lo Constitucional de la Corte publicó la resolución de la controversia entre el presidente y la Asambleas y, de acuerdo con la sentencia, Bukele debe sancionar el decreto y publicarlo en el Diario Oficial. Advierte que si no lo hace en 15 días, lo mandará a publicar el presidente de la Asamblea.

De inmediato, el presidente Bukele reaccionó y escribió en su cuenta de Twitter: “Declaran inconstitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de julio, ¿Qué hacemos?, ¿Retroceder el tiempo?. Gracias Dios se tardaron. Hubiera sido un desastre sanitario. Ahora, solo es un decreto inconsecuente”.

Por su parte, la diputada Cristina Cornejo, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo en un tuit: “Nos siguen dando la razón. Reiteramos nuestra voluntad política de entendimiento y consenso. Siempre hemos trabajado por el bienestar y salud de la población”.

El decreto legislativo incluía las cuatro fases de la reapertura económica que, según la programación, iniciaba el 16 de junio y la última sería del 18 de agosto en adelante.

En su fallo la Sala señala que debido a que la mayoría de las disposiciones contenidas en el decreto ejecutivo ya están desfasadas, “es urgente y necesario que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas pertinentes de manera inmediata y respetando lo señalado en la sentencia”.

También exhorta a la Asamblea Legislativa para que de inmediato coordine esfuerzos e instaure un diálogo institucional que busque los consensos y las alternativas urgentes de acción que el país requiere durante la pandemia.

Debido a las profundas diferentes existentes entre gobierno y la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, el país no cuenta con una normativa que regule la inminente reapertura económica programada para el lunes 24 de agosto, por los que las empresas y la población tendrían que apegarse voluntariamente a la nueva normalidad de actividades.