América Latina
Denuncian a Lula da Silva por presunto lavado de dinero a través de su fundación
La fiscalía de Brasil acusa al expresidente del delito de blanqueo de capitales procedentes de los sobornos de la constructora Odebrecht
El Lava Jato sigue vivo, pero se tambalea. La fiscalía del caso, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, acusó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de lavado de dinero. Los fiscales sospechan que el ex mandatario ocultó sobornos por cuatro millones de reales procedentes de la constructora Odebrecht, en el centro del caso, a través del Instituto Lula.
También se encuentran acusados su ex ministro de finanzas, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto, Paulo Okamotto. Según el documento, los pagos ilegales fueron disfrazados como cuatro donaciones separadas, cada una de ellas por el valor de 1 millón de reales.
“La existencia de cuentas irregulares destinadas a recibir sobornos entre los contratistas de OAS y Odebrecht y el Partido de los Trabajadores (que Lula lidera), por las que pasaron cifras millonarias para la adquisición de propiedades que favorecen al ex presidente Lula -un triplex en Guarujá y una propiedad en Atibaia- ya han sido reconocidas por la corte de Curitiba y por la corte Federal Regional.
En el marco de este proceso criminal, también se reconoció que estas cuentas fueron alimentadas por ventajas irregulares obtenidas por contratistas de OAS y Odebrecht a través de licitaciones cartelizadas y crímenes de corrupción en detrimento de Petrobras”, indica un párrafo de la acusación presentada por la fiscalía.
El modus operandi del esquema fue el mismo que en otras acciones “que ya han sido reconocidas en instancias judiciales por Cortes Federales en primera y segunda instancia”: En concreto, el pago de una parte del contrato otorgado a modo de soborno a los funcionarios públicos.
La operación anticorrupción Lava Jato se encuentra debilitada por cuestionamientos a sus dos principales figuras, el ex juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. A mediados de la semana pasada la Fiscalía de Brasil (PGR) aceptó, sin embargo, prorrogarla, aunque por menos de cinco meses. Sin embargo, sí que hay avances. La PGR renovó los mandatos de los 14 fiscales de la Fuerza Tarea de Lava Jato en Curitiba (sur), que vencían este jueves, hasta el 31 de enero de 2021, precisó un comunicado de la institución.
Anteriormente, el vicefiscal general Humberto Jacques de Medeiros no atendió la petición de los fiscales de prorrogar por un año esa misión, que desde 2014 llevó a la cárcel a empresarios y políticos poderosos, entre ellos a Lula, y tuvo ramificaciones en varios países del continente y de África. Medeiros adujo que la limitación temporal de la misión se debió a restricciones presupuestarias.
Lava Jato sufrió en los últimos meses varios reveses judiciales ante instancias que admitieron que hubo abusos de procedimientos como las delaciones premiadas que sirvieron como base para sentencias importantes.
El Fiscal General, Augusto Aras, llamó recientemente a cambiar el rumbo de la lucha anticorrupción para que “el ‘lavajatismo’ no perdure”. Lava Jato, que descubrió una enorme trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras, se expandió a otros estados de Brasil. Todavía hay esperanza para el gigante Sudamérica, pero el sistema es muy fuerte como para derribarlo. Es una lucha entre David y Goliat.
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