Exigen la libertad del líder opositor paraguayo

(EFE). Centenares de personas, entre ellas senadores opositores, exigieron este lunes la libertad de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición y en su quinto día de prisión preventiva, y la destitución de la fiscal general, Sandra Quiñónez, en una protesta frente al Ministerio Público, acordonado por un fuerte dispositivo policial.

Durante la concentración se prodigaron gritos de “Fiscalía corrupta” y consignas por la salida del cargo de Quiñónez, así como acusaciones de injerencia judicial al presidente del país, Mario Abdo Benítez, y a su antecesor, Horacio Cartes, ambos del gobernante Partido Colorado.

Antes de ser encarcelado, Alegre denunció ser víctima de una persecución política y acusó a Cartes de estar detrás del proceso que le ha llevado a prisión y de controlar la Fiscalía a través de su “empleada”, como denominó a Quiñónez.Asimismo señaló a Abdo Benítez como el “capataz” de Cartes, quien preside una de las dos corrientes del Partido Colorado, la que es mayoría en la cámara de Diputados.

La entrada voluntaria de Alegre en la cárcel se produjo el día en que una jueza de garantías decretó prisión preventiva en relación a una imputación por supuesta falsificación de facturas durante la campaña electoral de 2018.

La jueza dictó esa medida ante el incumplimiento de las medidas alternativas impuestas antes a Alegre, que este rechazó pese a que no las incumplió.

”PRESO POLITICO 171

″Esos argumentos fueron expresados por Alegre en el acto de este lunes, y a través de una carta leída por su esposa, Miriam Irún, en la tarima de una camioneta frente a la sede de la Fiscalía, protegida por un largo cordón policial.

En la misma, Alegre tildó a Cartes de “jefe del crimen organizado” y a Abdo Benítez de “corrupto”, al tiempo que manifestó que “los paraguayos somos presos de una mafia”.

”Son una tragedia para este país”, leyó Irún el texto de Alegre, quien añadió que se entregó para que “sepan que hay gente que no les tiene miedo”.En ese sentido, Alegre se calificó como el “preso político 171”, en referencia al número que le designaron en la Agrupación Especializada, la cárcel policial en la que se entregó la noche del jueves.

PARTIDOS Y GRUPOS CIUDADANOS

En la protesta tomaron parte grupos de ciudadanos organizados contra la corrupción y referentes del Partido Liberal y de la concertación de izquierda Frente Guasú, formaciones que se presentaron aliadas en los comicios de 2018, en los que Alegre pugnó por la Presidencia del país, que obtuvo Abdo Benítez.

En la movilización, plagada de banderas paraguayas, el senador Carlos Filizzola, presidente del Frente Guasú, tildó a la Fiscalía de “antro de la corrupción que se dice llamar Ministerio Público”. ”Esta fiscal es la secretaria de Abdo y Cartes, de un Gobierno inepto y corrupto”, dijo Filizzola, que mencionó algunos escándalos que han salpicado al Ministerio de Obras Públicas, sobre supuestos sobrecostes en ejecuciones de licitaciones, y al de Salud, de presuntas irregularidades en compras de insumos para afrontar la pandemia.

Por su parte, Josefina Duarte, titular de la Mesa de Presidentes de Partidos de la Oposición, alertó que la detención de Alegre recuerda al proceder de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y que debe de ser contestada por la ciudadanía.

”Tenemos que salir a las calles, defendamos nuestra democracia. Mafia nunca más”, dijo Duarte, a su vez presidenta del minoritario Partido Revolucionario Febrerista.

La protesta tuvo lugar después de que este domingo la Fiscalía emitiera un comunicado para negar una persecución política contra Alegre, aclarando que su privación de libertad obedece al dictado de la jueza.Portavoces de la oposición interpretaron ese comunicado como una desvinculación de responsabilidades ante la repercusión de la detención de Alegre.

La Fiscalía imputó a Alegre tras la denuncia del dueño de una gasolinera por presunto falseamiento de factura para abultar los gastos de campaña en Alto Paraná (este), una causa que incluye además a dos operadores locales.Alegre y su defensa mantienen que se trata de una causa “montada”, alegando que siendo candidato presidencial en esa campaña, no podía de ninguna manera desempeñar como administrador, tal y como establece la ley electoral.