El oficialismo boliviano niega vulneración de los derechos de Áñez en prisión

El Gobierno negó las vulneraciones de las que dijo ser víctima en prisión la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y aseguraron que sus derechos son respetados e incluso “goza de privilegios”

Jason Rodriguez, right, a University of Florida Pharmacy student, gives Camila Gutierrez, 21, a junior at Florida International University from Bolivia, the Pfizer COVID-19 vaccine at the Christine E. Lynn Rehabilitation Center in Jackson Memorial hospital, Thursday, April 15, 2021, in Miami. Jackson Health System launched a COVID-19 vaccination initiative with colleges and universities in Miami-Dade County, to allow students to sign up for vaccinations through an online portal. (AP Photo/Wilfredo Lee)
Jason Rodriguez, right, a University of Florida Pharmacy student, gives Camila Gutierrez, 21, a junior at Florida International University from Bolivia, the Pfizer COVID-19 vaccine at the Christine E. Lynn Rehabilitation Center in Jackson Memorial hospital, Thursday, April 15, 2021, in Miami. Jackson Health System launched a COVID-19 vaccination initiative with colleges and universities in Miami-Dade County, to allow students to sign up for vaccinations through an online portal. (AP Photo/Wilfredo Lee)Wilfredo LeeAP

(EFE). El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) negaron este jueves las vulneraciones de las que dijo ser víctima en prisión la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y aseguraron que sus derechos son respetados e incluso “goza de privilegios”.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, calificó de “irresponsables y políticas” las declaraciones de la diputada opositora Janira Román, quien en la víspera transmitió las denuncias hechas por Áñez sobre su situación en la cárcel a una comisión parlamentaria.

Limpias aseguró que los informes del personal de salud de la administración penitenciaria y los reportes de los médicos particulares de la exmandataria desvirtúan las denuncias.

Según el funcionario, estos reportes, “dicen que no se ha cometido ninguna vulneración” en cuanto a la salud de Áñez, que está “estable y no necesita ningún tipo de atención médica externa”.

Por su parte, los diputados del MAS Juan José Jáuregui y Gladys Quispe, que visitaron a Áñez junto a Román, aseguraron que la expresidenta goza de privilegios como visitas permanentes, la atención médica constante y una alimentación tres veces al día que otras reclusas no reciben.

Los tres parlamentarios son miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“En una primera visita realizada por la comisión el 23 de marzo, se evidenció la atención de tres médicos, dos de ellos las 24 horas. En esta nueva visita se demostró que las condiciones no son de aislamiento”, sostuvo Jáuregui, citado en un comunicado de prensa de la Cámara de Diputados.

La primera visita fue realizada solo por los diputados oficialistas.

Para la diputada Quispe, Áñez “no asume su estado actual” de detenida preventivamente y también rechazó las denuncias sobre vulneraciones a sus derechos.

LAS DENUNCIAS

Áñez cumplió el martes un mes de detención por el caso llamado “golpe de Estado” basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.

La diputada Román, que pertenece a la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo el miércoles que Áñez les denunció que hay “una obstrucción a través de la burocracia” a algunos de sus derechos como la atención oportuna de sus médicos.

“También menciona que se están vulnerando sus derechos al tenerla totalmente incomunicada, no la dejan acceder ni siquiera a una radio”, afirmó Román.

Áñez también reclamó porque no se cumplió la orden judicial para su traslado a un hospital ante los problemas de salud por la hipertensión que padece y denunció que fue “torturada psicológicamente” durante tres días en los que le impidieron el acceso a los medicamentos que toma desde hace una década, indicó la parlamentaria opositora.

La detención de la expresidenta transitoria y dos de sus exministros generó tensiones entre el oficialismo, que defiende que busca “justicia” ante lo que considera un “golpe de Estado” contra Morales, y la oposición que denuncia una “persecución” política, además de pronunciamientos de organismos internacionales que pidieron que se respete el debido proceso. EFE