Juzgado mexicano suspende reforma a ley de hidrocarburos

(AP). Un juzgado mexicano suspendió provisionalmente las reformas a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que daba atribuciones al gobierno para intervenir o suspender instalaciones privadas cuando se prevea algún peligro a la seguridad nacional o la economía.

La acción contra la reforma fue solicitada por las empresas Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil y Dalia Pilar Lamarque Picos.

El juzgado determinó que la medida tendrá “efectos generales”, con lo que se beneficiará a cualquier empresa o persona que se vea afectada por los cambios.

El coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, consideró como “muy importante” la decisión del juzgado porque “reafirma” la independencia del Poder Judicial, y por sus efectos generales debido a que cancela por completo la aplicación de los artículos 51 y 57 sobre las políticas de almacenamientos y las atribuciones que tenían los entes estatales para asumir la operación de los activos una vez que se revocaran los permisos de operación de los privados.

Ocampo dijo a la AP que la medida no suspendió el artítulo 59 por lo que aún está vigente la regulación sobre la revocatorio de los permisos en el caso que se concluya que hay un riesgo contra la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía.

Los cambios a la Ley de Hidrocarburos fueron aprobados en abril en tiempo récord por el Congreso, controlado por el oficialismo, en medio de cuestionamientos del sector privado y opositores que expresaron que los cambios violaban la constitución y las leyes y afectarían las inversiones. Por su parte, el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defendió la reforma alegando que serviría para luchar mejor contra la corrupción, evitar el robo de combustible y garantizar su suministro.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro ordenó al gobierno que en un plazo de tres días dé a conocer la medida y se continúe aplicando la legislación vigente de hidrocarburos.

Gómez Fierro suspendió en marzo una reforma del sector eléctrico y concedió en abril varios amparos contra un padrón de usuarios de telefonía, medidas que desataron duras críticas de parte de López Obrador, quien pidió investigarlo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, afirmó a inicios de mes que el Consejo de la Judicatura “no ha encontrado nada irregular” en relación a Gómez Fierro y dijo en su cuenta de Twitter que se le seguirá garantizando “su plena autonomía”.

México permitió estaciones de servicio privadas a partir de 2016 como parte de una gran reforma energética que tuvo lugar en el país en décadas y que fue liderada desde 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esas gasolineras rápidamente tomaron una gran parte del mercado que hasta entonces monopolizaba la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reforma legal suspendida permitía la intervención de instalaciones en determinadas circunstancias y daba prioridad a la labor de Pemex, que podría encargarse del control de las instalaciones eventualmente ocupadas, intervenidas o suspendidas.

El IMCO, un centro de investigación de políticas públicas, había insistido en que la iniciativa suponía una “violación a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte”, y afectaría lo que ya consideraban un clima deteriorado para las inversiones en el sector energético por las medidas tomadas por la actual administración tendientes a fortalecer a las empresas estatales.

Los cambios en la Ley de Hidrocarburos forman parte de una serie de reformas legislativas, incluida la del Poder Judicial, que el gobierno de López Obrador ha impulsado este año en el Congreso previo a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el 6 de junio y en las que se renovará la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales y se elegirán 15 gobernadores.