El Salvador: Expresidente Saca confirma sobresueldos

(AP). El expresidente salvadoreño Tony Saca confirmó el miércoles que se utilizó dinero de los gastos reservados de la presidencia de la república para pagar a funcionarios del gobierno sobresueldos o bonificaciones que no fueron fiscalizados.

El exmandatario, que compareció ante una comisión especial de la Asamblea legislativa que investiga los “sobresueldos a funcionarios”, también confirmó que se hicieron transferencias a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales generales y partidos políticos.

Saca, de 56 años, fue condenado a 10 años de prisión en septiembre de 2018, procesado por desviar 301 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas. El miércoles reveló con detalles el uso que por años se ha hecho de los llamados “gastos reservados” de la casa presidencial.

El expresidente de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país de 2004 a 2009, destacó que durante cinco años, la entonces vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, recibió 10.000 dólares mensuales además de su salario. Los ingresos no fueron declarados y no se pagaron los respectivos impuestos.

Los actuales diputados del partido Arena Rodrigo Ávila y Margarita de Escobar recibieron esas bonificaciones cuando se desempeñaron dentro de su gabinete de gobierno, confirmó.

También recibieron dinero magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que Saca no identificó, y “Se entregó apoyo institucional (dinero) a exfiscales generales, los que estuvieron en el periodo de este servidor”.

Además, dijo que se entregó una ayuda mensual a los secretarios generales del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Ciro Cruz Zepeda, y a Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Saca justificó que esa práctica se mantuvo luego de que el expresidente Francisco Flores, también de Arena, le explicara cómo se usaban los gastos reservados y pensó que “era legal”.

Flores, que gobernó el país de 1999 a 2004, murió el 16 de enero de 2016, de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliar a la espera de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

El exmandatario denunció que cuando compareció a la vista pública del proceso en su contra, el fiscal general, Douglas Meléndez, le prohibió revelar la lista de los funcionarios, políticos y particulares que recibieron dinero de los gastos reservados.

También dijo que había recibido presiones días antes de comparecer ante la comisión para que no divulgara los nombres de los implicados.

El expresidente Alfredo Cristiani, del partido Arena y que gobernó de 1989-1994, también compareció ante la comisión especial del congreso unicameral, pero ante el interrogatorio de los diputados respondió una y otra vez que durante su mandato “todo lo que se hizo fue lícito”. No negó, ni aceptó que se hubieran pagado sobresueldos.

Cristiani retó a los diputados que “si tienen pruebas de que se haya cometido algo ilícito durante mi gestión, preséntenlas en las instituciones pertinentes”.