Embargan propiedades a exministro de Defensa salvadoreño

El Ministerio Público embargó dos propiedades y una cuenta bancaria al general en retiro David Munguía Payés que supuestamente adquirió producto de actividades ilícitas cuando ejercicio como ministro

ES2005.SAN SALVADOR (EL SALVADOR) 27/07/2021- El exdiputado Calixto Mejía llega hoy a una sede judicial en San Salvador (El Salvador). Una corte de Paz instaló este martes la audiencia inicial en contra de 10 exfuncionarios salvadoreños, entre estos el expresidente Salvador Sánchez Cerén - ausente en el proceso-, por cargos de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes (2009-2014). EFE/Rodrigo Sura
ES2005.SAN SALVADOR (EL SALVADOR) 27/07/2021- El exdiputado Calixto Mejía llega hoy a una sede judicial en San Salvador (El Salvador). Una corte de Paz instaló este martes la audiencia inicial en contra de 10 exfuncionarios salvadoreños, entre estos el expresidente Salvador Sánchez Cerén - ausente en el proceso-, por cargos de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes (2009-2014). EFE/Rodrigo Sura RODRIGO SURAEFE

(AP). El Ministerio Público salvadoreño embargó el martes dos propiedades y una cuenta bancaria al general en retiro David Munguía Payés que supuestamente adquirió producto de actividades ilícitas cuando ejercicio como ministro de la Defensa Nacional y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el período de junio 2009 a mayo 2019.

Munguía Payes ejercicio los dos cargos en los gobiernos del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Con órdenes de un Juzgado de Extinción de Dominio, la Fiscalía General, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional Civil, concretaron la expropiación de dos inmuebles valorados en 300.000 y 116.000 dólares, y una cuenta bancaria con más de 42.000 dólares.

Con este procedimiento se concluye la etapa de incautación de los bienes del general Munguía Payés, al que en octubre 2020 le embargaron ocho propiedades valoradas en 1,4 millones de dólares.

Las propiedades y bienes inmunizados pasan a ser administrados por el Consejo de Administración de Bienes mientras se concluye el proceso de transferencia al Estado.

La Fiscalía ha acusado al militar por los delitos de lavado de dinero y activos, y delitos de corrupción, ya que según las investigaciones se ha establecido que los bienes obtenidos por Munguía Payés y su grupo familiar son provenientes de actos de corrupción. El militar también enfrenta dos procesos penales en libertad por su participación en la tregua con las pandillas y una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con el Ministerio de Defensa.

En julio de 2020, un juzgado ordenó arresto domiciliar para Munguía Payés mientras es procesado por su participación en la tregua entre las pandillas con las que el gobierno del expresidente Mauricio Funes buscó disminuir el índice de homicidios en el país.

Funes, que también está siendo procesado en este caso, se encuentra en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.

La Fiscalía asegura que Munguía Payés fue quien montó y estructuró la tregua de las pandillas y que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenerlo, sino que por lo contrario lo avaló.

El militar también está siendo procesado junto a otro exministro de Defensa, el general José Atilio Benítez, junto a un coronel y Gustavo López Davidson, expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y varios civiles por una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con la fuerza armada.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los acusados habrían participado en una presunta estafa con armas que se da a partir de una negociación en 2012 cuando ese organismo efectuó una permuta a la que invitó a varias empresas.

La permuta es el acuerdo mediante el cual la fuerza armada puede canjear parte de su arsenal obsoleto o en desuso por algún tipo de armamento o equipo militar especifico.

La Fiscalía dijo que el contrato establecía que el Ministerio de Defensa entregaría 4.930 armas de fuego, 27.721 cargadores, 2,7 millones de cartuchos calibre 7.62 y 9.800 repuestos para fusil G-3 en mal estado, todo con un valor de dos millones de dólares. A cambio la empresa Centrum de López Davidson daría al Ministerio de Defensa dos obuses M-71 nuevos calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro y otros equipos militares.

La Fiscalía acusa a López Davidson de haber entregado dos obuses que estaban en mal estado operacional y faltaron accesorios.