Mina en Guatemala espera que el gobierno apoye contra crisis

(AP). Directivos de una plana procesadora de material minero en Guatemala se aferran a las acciones gubernamentales para resolver la crisis de una comunidad al norte donde una porción dice estar en contra de sus operaciones. Los directivos minimizan las protestas y bloqueos de carreteras de pobladores que ya lograron que la corte más importante del país suspenda una de las dos licencias mineras que tienen a su cargo.

Dimitry Kudryakov —presidente de Pronico, la planta procesadora subsidiaria de la compañía suiza Solway Investment Group, que tiene a su cargo la explotación de dos licencias mineras de níquel, los proyectos Montufar y Fenix— dijo a The Associated Press que la compañía no tiene ningún problema y que las comunidades que habitan la región están de acuerdo con sus operaciones. Otra de las subsidiarias del grupo es la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN)

“Solo son un grupo de 30-40 personas que no viven en el lugar... Yo no creo que podemos considerar que hay un problema. No tenemos problemas con la comunidad”, dijo Kudryakov y explicó que autoridades electas en el Consejo de Desarrollo locales están a favor de las operaciones.

A principios de año, la Corte de Constitucionalidad ordenó frenar las operaciones de la mina de extracción de níquel Fenix, de una extensión explotada de poco más de 6 kilómetros, debido a que pobladores impugnaron la misma por no haber realizado consultas comunitarias para definir si las comunidades estaban o no de acuerdo con sus operaciones. La Corte también ordenó hacer las consultas respectivas.

Sin embargo, las protestas se recrudecieron y durante los últimos 17 días el grupo de pescadores que lograron el fallo mantuvo bloqueada la carretera que conduce hacia la mina. Esto evitó que decenas de camiones cargados con materiales transitaran. La protesta se incrementó debido a que el gobierno inició discusiones de una preconsulta de la cual fueron excluidos.

Ese sondeo comunitario fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad para decidir si la población quiere o no la mina en el lugar. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, es el encargado de realizarla, por lo que el mes pasado arrancó discusiones para definir la forma, tiempo y detalles. En todo ello se excluyó al grupo de pescadores.

El sábado el gobierno envió cientos de policías que liberaron el paso y custodiaron los camiones. Tras la liberación del lugar el presidente Alejandro Giammattei ordenó implantar estado de sitio.

El martes el Ministerio Público, junto a policías y militares que se han instalado en la localidad vigilando, requisando y controlando a la población, hicieron nueve allanamientos, entre ellos, a la casa del periodista Carlos Choc, que no se encontraba en su casa, informó en conferencia de prensa un grupo de organizaciones sociales. La fiscalía no ha detallado por qué y contra quienes acciona. Las organizaciones sociales que en conferencia mostraron su preocupación por Choc dijeron que se está criminalizando su labor como periodista porque dio cobertura a las protestas.

Kudryakov, de origen ruso, reclama que las protestas afectan a la labor de Pronico, la planta procesadora que no tiene prohibición para operar, como la licencia minera suspendida.

“Tenemos fotos y videos de quienes protestan y por eso sabemos que no viven acá”, dijo el presidente de la compañía.

La empresa asegura que su gestión está basada en el cuidado medioambiental y que han invertido millones de dólares en mejoras a la comunidad. Los críticos dicen que sus operaciones contaminan el medio ambiente.

Con las acciones del gobierno, los pobladores que estuvieron protestando se sienten amenazados y perseguidos y han optado por replegarse. Algunos se niegan a hablar sobre lo que está sucediendo por temor a ser vinculados con la protesta y ser detenidos o acusados.

El Estor es un municipio con poco más de 70.000 habitantes ubicado frente al Lago de Izabal, una zona muy calurosa. Es una zona pobre donde hay pocas calles asfaltadas — la mayoría son de terracería — y la mayoría de quienes viven fuera de la pequeña área municipal lo hacen en viviendas de madera y lámina. Los pobladores suelen subsistir de la pesca y el comercio.