Ecuador: Presidente asume control de crisis de seguridad

(AP). El presidente Guillermo Lasso afirmó el lunes que asumirá personalmente la coordinación nacional de las fuerzas del orden y que convertirá a la seguridad ciudadana en la máxima prioridad de su despacho para enfrentar a mafias con suficiente poder económico que rivaliza con el presupuesto estatal.

En una cadena difundida por redes sociales, el mandatario expresó que “hoy actuamos, hoy hacemos sentir la autoridad de nuestras leyes e instituciones”, y expresó que durante el día ordenó un operativo masivo y conjunto entre fuerzas armadas y policía con más de 1.000 efectivos para asumir el “absoluto control del sistema penitenciario en Guayaquil”.

Precisó que no se trata de enfrentar a la delincuencia común, sino a grandes organizaciones con modernas infraestructuras “sofisticadas armas, complejas plataformas tecnológicas, y respaldadas por un músculo económico que rivaliza con los presupuestos de seguridad de muchos estados”.

“Los violentos no podrán contra nuestra acción unida, nuestra total determinación para poner fin a sus días de impunidad”, señaló Lasso, al tiempo en que anunció nuevas herramientas legales para el uso progresivo de la fuerza policial y para responsabilizar a los jefes de las mafias por los delitos que cometan sus secuaces.

Añadió que el combate al narcotráfico contará con el soporte de países como Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido, España, los cuales “nos han comunicado su firme voluntad de apoyarnos en la lucha contra esta amenaza. Lo mismo harán instancias supranacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea”.

Horas antes, el mandatario dispuso una serie de medidas para afrontar las sucesivas masacres en cárceles estatales ecuatorianas, tras una reunión con los presidentes de la Asamblea, el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Corte Constitucional, entre otros, y luego del último enfrentamiento entre bandas rivales que dejó el fin de semana 68 muertos y 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad costera de Guayaquil.

Ecuador está “bajo una grave amenaza externa, por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades”, advirtió Lasso en la tarde.

Destacó que es indispensable enfrentar unidos un problema de carácter global, al que además calificó como “una de las más grandes crisis de las últimas décadas en Ecuador”.

Precisó que se adoptaron decisiones como iniciar el proceso de pacificación dentro de las prisiones a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales; enviar un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea y agilizar los procesos para un efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados.

Además, ordenó a las fuerzas armadas y policía mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida; promover mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía con el objetivo de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas y conceder indultos a reclusos con enfermedades graves.

En lo que va del año, más de 324 reclusos han perdido la vida en enfrentamientos en cárceles estatales del país. Las autoridades han señalado que los reclusos tienen acceso a armas y munición principalmente a través de los vehículos que ingresan con provisiones y mediante entregas con drones.

El analista y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fredy Rivera, dijo a The Associated Press que “hay una improvisación en el servicio de atención penitenciaria... que ha dado lugar para que se acreciente todo el poder del crimen organizado en este país, que tiene controles no sólo en las prisiones sino en el sistema de justicia, que es lo más grave”.

Agregó que las cárceles están bajo el control del crimen organizado y no del Estado. “Hay ausencia total del Estado, por culpa propia... esta es una cosa ya advertida”, agregó.

Lasso llegó al poder a finales de mayo y en septiembre afrontó la matanza de 119 presos en la Penitenciaría del Litoral, ocupada por integrantes de al menos seis bandas relacionadas con el tráfico de droga a nivel nacional e internacional. Ese recinto fue construido para 5.000 presos, pero está ocupado por más de 8.500.