Casa Real
Ainhoa Martínez / Rocío Esteban

«No afecta a Felipe VI»

Podemos, PDeCAT, Bildu y Compromís piden que el Congreso investigue al Rey Juan Carlos por las grabaciones sobre su presunto patrimonio en Suiza

El Gobierno evitó ayer entrar a valorar cualquier circunstancia que tenga relación con las grabaciones del «caso Corinna». «Ni lo consideramos», respondió resolutiva la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la reunión posterior al Consejo de Ministros. La incomodidad de la portavoz no pasó desapercibida, más cuando señaló que «afortunadamente» estos hechos «no afectan a la figura del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI». Moncloa rechazó así iniciar cualquier tipo de investigación sobre unas circunstancias que, en todo caso, obedecen a «grabaciones antiguas». El asunto genera malestar en el Gobierno y fuentes de la presidencia recordaban que el CNI, cuyo director aparece en las conversaciones, depende ahora de Defensa y no de su departamento. Un asunto con varias aristas, también en el terreno de Hacienda, a cuya titular, María Jesús Montero, también se le interpeló sobre la posibilidad de que el rey emérito hubiera regularizado cantidades a través de la amnistía fiscal que promovió su antecesor, Cristóbal Montoro. «La Agencia Tributaria no habla de expedientes ni de contribuyentes», resolvió la ministra.

Por su parte, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez están dispuestos a llegar hasta el final en su intención de que el Congreso de los Diputados apruebe una investigación sobre las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre las supuestas irregularidades cometidas por el anterior Jefe del Estado, Don Juan Carlos I, que desvela OK Diario. Si el jueves era izquierda Unida quien pedía que se impulsase la Comisión de Secretos Oficiales para que el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán y la ministra de Defensa, Margarita Robles clarifiquen estas supuestas irregularidades, ahora la presión hacia los socialistas se redobla. Unidos Podemos requirió ayer al resto de fuerzas políticas a unirse para abrir una comisión de investigación en el Congreso para que el propio ex jefe del Estado, D. Juan Carlos, compadezca en sede parlamentaria.

Era el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el que anunciaba a primera hora de la mañana la iniciativa urgente para abordar las supuestas irregularidades, y que ponía el foco en la necesidad de que al foro pudiese «venir todo el mundo que está afectado porque implica a la seguridad nacional, a la Hacienda Pública y a la imagen de nuestro país». Horas después, el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, avalaba esta propuesta y requería al resto de fuerzas políticas el consenso necesario para aprobar la comisión al considerarlo «de sentido común ante unos hechos tan graves».

En la tarde de ayer, el grupo parlamentario Unidos Podemos ya había recabado los apoyos del PDeCat, Compromís y EH Bildu. Con ellos superan ya los 70 avales necesarios para pedir el debate sobre la constitución de una comisión de investigación (requisito imprescindible para que la Comisión Permanente abra el debate, según el reglamento del Congreso), al contar con 81 escaños en total. Ahora esta petición deberá pasar el visto bueno de la Mesa del Congreso, que de darle luz verde a la iniciativa parlamentaria sería tramitada en la Diputación Permanente. Allí es donde se deberá decidir si, finalmente, se aprueba la comisión de investigación.

La postura que adopte el PSOE será determinante para que esta comisión salga adelante, puesto que aunque sí que pueda debatirse su tramitación, deben obtener la mayoría simple del hemiciclo para aprobarla. Al igual que en la tarde del jueves, el Partido Popular no se ha posicionado todavía, al igual que Ciudadanos, partidos de los que no se espera el apoyo.