Gobierno de España
Carmen Morodo

Rajoy descarta que Rivera no apoye los presupuestos y fuerce un adelanto electoral

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, escenificó ayer en el Congreso su decisión de forzar la tensión con el PP hasta desestabilizar el acuerdo constitucionalista sobre Cataluña. Llegó donde no ha llegado el PSOE con una pregunta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el uso del dinero público del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por parte de la Generalitat para costear el referéndum ilegal del 1-O. El juez de instrucción que lo investiga en Barcelona ha apuntado a esta vía de financiación. Y el FLA es un instrumento que depende del Ministerio de Hacienda, y Cristóbal Montoro aseguró que ni un euro de los españoles iba a ser destinado a sufragar la consulta.

La pregunta de Rivera dejó ayer en el Congreso un cruce de acusaciones y reproches que oscureció el acuerdo constitucionalista para hacer frente al desafío independentista. No es la primera brecha, porque el PP también se ha desmarcado de la actitud de la ganadora de esas elecciones, Inés Arrimadas, por no tomar la iniciativa e intentar la investidura. Y, asimismo, los dos partidos se han cruzado reproches sobre su actitud hacia el artículo 155 de la Constitución, que apoyaron en el Senado junto con los socialistas.

Cs cree que Cataluña todavía puede seguir dándole réditos a nivel nacional en su política para arañar votos populares, pero también socialistas, y por eso su líder ha decidido jugar incluso esta baza en el Parlamento contra Rajoy.

Una vez que el PP ha decidido también pasar al contraataque frente a su socio de investidura, la realidad es que el pacto que les une es más que nunca un manual retórico sobre el que se imponen la batalla dialéctica y las acusaciones en todos los demás ámbitos. Incluso Cs está amagando con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la justificación de que los populares mantiene como senadora a Pilar Barreiro, investigada en el «caso Púnica».

El ruido de sables es el más alto que ha habido en la legislatura, y en las dos partes dan por hecho que seguirá así hasta las generales. Pero en la dirección popular no creen que esta pelea política vaya a provocar un adelanto electoral. Su tesis es que a Rivera no le interesa en estos momentos romper del todo el pacto y que al final, si hay acuerdo con el PNV para sacar adelante los PGE, como confían que lo habrá en Moncloa, también Rivera secundará ese acuerdo económico.

En Génova ven más «pose» que voluntad de elecciones en la formación naranja, y sostienen que mantienen su calendario. «La convivencia será cada vez más difícil, pero no creemos que tanto como para provocar un adelanto electoral. Habrá que ir viendo cómo evolucionan las cosas», apostillan.

Desde la otra parte, sin embargo, el partido lo juegan con una estrategia totalmente opuesta, e incluso han empezado a amenazar de manera no directa con la posibilidad del adelanto electoral. Ayer su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, sostenía que su partido tiene la voluntad de agotar la Legislatura, pero que si el Gobierno no cumple con los compromisos firmados «se abre un escenario que ya no depende de ellos».

Y de ese acuerdo ya hay puntos sustanciales que se puede anticipar que no se van a ejecutar, por ejemplo la supresión de los aforamientos o la limitación de mandatos porque el PP sostiene que obligan a una reforma constitucional.

De momento, en las próximas semanas se visualizará en el Parlamento una batalla de iniciativas en las que los dos partidos buscarán dejar en evidencia al contrario. La clave está en que hasta ahora el PP se ha dejado arrastrar al terreno que le interesaba a Cs y ahora ha decidido pasar a la ofensiva y hacer más visible la agenda de temas que más conviene a sus intereses.

En el choque de ayer entre Rajoy y Rivera en el Congreso, Rivera le recordó al presidente del Gobierno que Montoro asumió en el Parlamento el compromiso de que ni un céntimo del FLA se iba a destinar al referéndum ilegal. E instó a Rajoy a que aclarase si eso había sido así. La respuesta de Rajoy fue directa: «No se dedicó ni un sólo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña».

Rivera le recordó lo que dice el juez de instrucción y la Fiscalía, y le preguntó que si se demuestra lo que sospecha el juez de instrucción, quién del Gobierno va a presentar su dimisión. La réplica de Rajoy no fue menos dura: «No se equivoque de adversarios. El problema en Cataluña no lo ha organizado el Gobierno, sino los responsables de ello. A veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña».

En la polémica terció el ministro de Hacienda al no descartar que la Administración de la Generalitat de Cataluña haya engañado al Gobierno e incluso a la Interventora General de la Generalitat sobre cómo se financió el referéndum ilegal del 1 de octubre. Montoro no excluyó la posibilidad de que se hayan cargado facturas falsas al FLA o de que se haya producido una financiación pública vía terceros, pero resaltó que la Interventora General de la Generalitat certificó «semana a semana» que no se destinó dinero público para tal fin, informa Ep. Montoro criticó que Rivera no se dirija a quien realmente ha falseado las facturas en vez de ir contra el Ejecutivo.