Un vídeo difundido ayer por redes sociales respondió, en apenas horas, al ministro de información chavista Jorge Rodríguez, quien afirmó que en Venezuela se respetan los derechos humanos de los detenidos por, supuestamente, haber participado en el atentado contra Nicolás Maduro. Sin embargo, en 16 segundos la afirmación quedó vacía: el diputado opositor Juan Requesens, apresado a pesar de su inmunidad parlamentaria, fue vejado en la sede de la Policía política.

Desorientado, semidesnudo y con ropas aparentemente manchadas de heces, Requesens atiende sin chistar las indicaciones de un oficial. No se sabe si ese vídeo, que fue filtrado por agentes a la Prensa, se registró antes o después de la «confesión» presentada por el Gobierno. Pero sí han hecho saltar las alarmas las condiciones de su interrogatorio, que además se realizó sin asistencia legal alguna.

La familia Requesens lo considera un desaparecido, pues un vídeo no puede servir como prueba. Es por eso que exigen tener acceso a él y que se le pueda practicar una evaluación médica, como insistieron en medio de un acto público de desagravio al parlamentario celebrado este sábado en Caracas.

Juan Requesens «confesó» haberse comunicado por mensajería de texto con uno de los sospechosos de volar drones con explosivos en Caracas. Dijo en la grabación que el sujeto le había pedido ayuda para salir de Venezuela a Colombia. No se especifica si la ayuda ocurrió, ni cuándo fue. Por ello, el Gobierno de Nicolás Maduro lo considera cómplice.

El diputado y médico José Manuel Olivares, exiliado desde hace un mes en Colombia después de denunciar persecución política, cree que «los signos clínicos de Juan demuestran que hay una alteración de las condiciones cognitivas. Esto está clínicamente asociado a administración de fármacos que afectan la conciencia. Otros efectos de estos fármacos puede ser movimientos descoordinados o pérdida de control de esfínteres».

Los familiares de Requesens no descartan que al parlamentario le hayan administrado tiopentato de sodio, conocido como el «suero de la verdad», cuyo uso está clasificado como forma de tortura de acuerdo al derecho internacional. El Gobierno no ha respondido a la publicación del vídeo que evidencia los malos tratos.

El otro acusado, Julio Borges, señalado por haber ordenado el paso por la frontera del sospechoso en manos del gobierno, y considerado por el presidente Maduro como «autor intelectual» del ataque en su contra, negó desde Bogotá conocer al sospechoso que lo inculpó. «No sé quién es ninguna de laspersonas mencionadas. No tengo la menor idea de quiénes son», finalizó el mismo.