Tribunales
N. Acedo

A la Audiencia no le resulta fácil captar la «línea maestra» de una argumentación de la jueza de los ERE

Revoca un auto de Núñez en el que archivó diligencias contra Rivera, a quien la misma magistrada encausa en otra pieza

Se diría que el que una instrucción judicial encuentre o no contestación depende a veces de dar con distancias argumentales justas. En una de las piezas en las que se fragmentó la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos se investigaba un supuesto «desvío de fondos públicos de la Junta» para financiar un plan de prejubilaciones derivado de tres expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la empresa A-Novo Comlink, así como subvenciones «concedidas irregularmente» por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo abonadas por IFA/agencia IDEA, entes que actuaron de cajas pagadoras, entre los años 2006 y 2010. En ese ámbito se encausó al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. Si bien, la instructora del «caso ERE», la jueza María Núñez, archivó la causa. Ahora la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla expone en un auto, fechado el pasado 20 de julio y al que tuvo acceso LA RAZÓN, que «no resulta fácil en una primera lectura» de la resolución en la que la magistrada dio carpetazo al asunto, «captar la línea maestra de la argumentación de la instructora para decretar ese sobreseimiento provisional», que decide por no considerar «debidamente justificada la perpetración del delito».

Se asevera en el auto, entre otras cuestiones, que parte del planteamiento argumental que hace la magistrada en su resolución «es erróneo», dado que jamás la Audiencia sevillana «ha dicho» o ha «dado a entender» en ninguna de las suyas, por ejemplo, que en la pieza centrada en el llamado procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas, cuya vista oral ya está en marcha y es la que afecta a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, «se enjuicie con carácter general y para todo tipo de posibles responsables penales todos los pagos derivados de su ejecución». «Lo que sí nos hemos visto obligados a afirmar», se aclara a continuación, «es que a consecuencia de los hechos incluidos en las respectivas primeras conclusiones de las calificaciones de las acusaciones» en la matriz del proceso «con su correlativa acusación por delitos continuados de prevaricación y malversación, determinadas personas acusadas» en la misma «no podían» serlo, a su vez, en los bloques separados abiertos para analizar las ayudas particulares «ilegalmente otorgadas en cada caso concreto». Ello vulneraría «el principio ‘non bis in ídem’ –no puede juzgarse dos veces por lo mismo». Pero lo que «nunca» ha fijado la Audiencia, según explica ésta, es que en las separatas «no pudieran ser encausadas personas distintas» como Rivera, quien fue excluido de la pieza del procedimiento específico conocida como rama política. El tribunal provincial deja claro además que ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la «relevancia penal» de los indicios existentes contra el ex director general por «pagos irregulares», como recuerda en la resolución. Desde ahí, estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y revoca el auto de Núñez, debiendo proseguir la tramitación de la causa contra Rivera. Pero no es el único varapalo a éste en el marco de los ERE. Al de la Audiencia hay que sumar un auto de la propia Núñez, fechado este 3 de septiembre y relativo al bloque en el que se analizan los millonarios fondos públicos concedidos a la empresa Fertiberia, en el que se trae a la causa «en condición de investigadas» a dos personas: Rivera y el ex dirigente de CC OO-A a Juan Antonio Florido. Los cita este noviembre.

En cifras

*1,9 millones de euros se pagaron a A-Novo gracias a un convenio «que firmó» el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera.

2,2 millones de euros pagó IDEA a la entidad Fertiberia durante 2009 y 2010, según se publicó en el BOJA y recoge el juzgado de Instrucción.