Política
R. M.

El PP critica que el decreto sobre violencia de género daña a las familias

Asegura que obliga a los ayuntamientos a asumir competencias sin disponer de la financiación adecuada

«El Real Decreto Ley sobre violencia de género daña a las familias, quebranta los derechos fundamentales y genera inseguridad jurídica», afirmó ayer la vicesecretaria de Política Autonómica del PP regional, Patricia Fernández, quien criticó duramente el RD Ley aprobado el pasado 3 de agosto por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Un decreto, dijo, «inconstitucional, aprobado incumpliendo y despreciando los requisitos del art. 86 de la Constitución». Fernández mostró su malestar porque este Real Decreto Ley «obliga a los ayuntamientos a asumir competencias en materia de violencia machista sin disponer de una financiación pertinente que permita prestar los servicios adecuadamente para luchar contra esta lacra social».

Asimismo, añadió que «la violencia machista es una materia que hay que abordar con mucho cuidado y con seguridad jurídica» pero, insistió Fernández, para el PSOE «todo vale». Así, remarcó que «desde el PP no vemos la urgencia de aprobar esta legislación sin un consenso general».

La vicesecretaria «popular» recordó que el PP ha dejado en vigor un Pacto de Estado en materia de violencia de género, y la mayor dotación presupuestaria que se ha dedicado a la lucha contra esta lacra social en las cuentas aprobadas para 2018, por lo que denunció que ahora «Pedro Sánchez se salte el consenso y pretenda modificar el Código Civil en materia de violencia de género sin una justificación clara y de espaldas a toda la sociedad».

Un tema tan sensible y de tanto calado social como éste, añadió Patricia Fernández, «no puede aprobarse a través de un RD Ley que contiene graves errores, fruto de las prisas», por lo que aplaudió la decisión del PP de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto aprobado el pasado día 3, si sale adelante en el Congreso de los Diputados.

Mal uso democrático

Asimismo, Fernández denunció el «mal uso democrático» que el Gobierno socialista de España hace de este instrumento pero, insistió, «eso responde a que es la única tabla de salvación para poder gobernar ya que no dispone de la mayoría legislativa suficiente para hacerlo».

Por otra parte, más del 80 por ciento de las medidas recogidas en el Plan de Gobierno Abierto de la Región de Murcia aprobado por la Comunidad el pasado mes de mayo están en proceso o ya se han ejecutado. De las 92 acciones recogidas en el documento, 49 se encuentran en proceso de ejecución.