Violencia de género
Francisco Velasco

Los jueces arremeten contra la reforma sobre violencia machista

Critican que se prive a los jueces de decidir si los menores deben o no recibir asistencia psicológica

La mayoría de los jueces han criticado tanto la forma como el fondo del Real Decreto Ley de medidas urgentes para el desaarrollo del Pacto de Estado de Violencia de Género, aprobado por el Gobierno el pasado día 3. Sobre la forma, porque entienden que no era necesario tramitar esas medidas mediante un Decreto Ley al no concurrir «medidas de urgencia o excepcionalidad» y haber tenido que reformar para ello el Código Civil; y, en cuanto al fondo, porque, entre otras medidas, como sostiene la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, «bastará la denuncia de violencia de género o de violencia doméstica para que el denunciado o denunciada no pueda decidir sobre sus hijos ni el titular del órgano judicial competente dirimir las diferencias de criterio entre los progenitores». De esta forma, se priva a los jueces y tribunales la potestad de decidir sobre la decisión de que los menores, en caso de violencia de género o de violencia doméstica –el Real Decreto no distingue–, puedan recibir asistencia social y psicológica», añade al respecto la citada asociación judicial.

La conclusión es que el citado Real Decreto Ley «no ha sido meditado, debatido y examinado con la profundidad que requiere una materia de esta importancia, introduciendo, repetimos, inseguridad, imprecisión y desconcierto».

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura criticó igualmente muy duramente esta iniciativa del Gobierno. En opinión de Manuel Almenar, presidente de la APM, resulta «intolerable» que esta reforma se haya hecho a través de un Real Decreto Ley, cuando todo lo que afecta a esta materia requiere un «debate sereno entre las fuerzas parlamentarias y la sociedad civil, para intentar consensuar medidas para resolver eficazmente los problemas y no buscar soluciones de cara a la galería».

El Foro Judicial Independiente también coincide con que el tema de la asistencia psicológica de los menores es competencia de los jueces y no debe establecerse directamente en un Real Decreto Ley, señaló al respecto Concepción Rodríguez, portavoz de FJI.