El vicepresidente de la Junta anuncia que en 2020 se eliminará el 40% de los «chiringuitos»

Un global de 278 entidades con «plantillas estanco» y sin homogeneidad, 31 sistemas de gestión de recursos humanos diferentes, otros 38 económico-financieros distintos también, salarios dispares en puestos similares, 4.000 personas en situación de temporalidad, algunas sobrepasando los plazos que permite la ley; hasta 37 expedientes de conflictos laborales planteados en el SERCLA en 2018; o seguros de vida y de salud reconocidos en convenios, que los funcionarios no tienen. Esos elementos componen parte de la radiografía que el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha dibujado esta tarde en el Parlamento autonómico del sector instrumental regional que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado tras su desembarco en San Telmo. De hecho, Marín ha anunciado en la Cámara que durante el próximo año se va a proceder a la eliminación de más del 40% de esos entes instrumentales dependientes de la Junta.

Y lo ha hecho después de aportar otro puñado de datos, como que el personal de esas entidades alcanza los 30.000 trabajadores, lo que supone un gasto de personal que «ronda los 1.200 millones de euros»; y tras reprochar al PSOE su «desidida» a la hora de afrontar los «problemas» y el «caos» existente en el sector. El vicepresidente ha criticado que los socialistas emplearan la fórmula de «dejar pasar el tiempo» y que tuvieran que ser los jueces los que tomaran las «decisiones», en muchos casos contrarias a la Junta, lo que ha significado la consolidación de una estructura de puestos de trabajo impuesta desde los tribunales y no diseñada por la propia Administración autonómica.

De acuerdo a lo expuesto por Marín, el listado de entes que se suprimirán a lo largo de 2020 incluye dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles. Algunas ya se han extinguido como la Fundación Mediara o la Agencia de Andaluza de Evaluación Educativa, que han revertido 2,2 millones a las arcas públicas.

¿El objetivo?: llegar a «contar con un sector público instrumental eficaz, eficiente y sostenible».

Ha confrontado con el vicepresidente el parlamentario del PSOE-A Carmelo Gómez, quien le ha lanzado que sus números no coincidían con los aportados en otras ocasiones por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien nunca aludió a 30.000 personas o a los mismos entes. Marín le ha replicado que hablaba con él y le ha reiterado la información actualizada a junio de este año. Gómez se ha tensado para reprochar al «número dos» del Ejecutivo que desde éste se hable de los entes instrumentales como «chiringuitos» o «grasa», cuando son empresas que hacen un trabajo fundamental para prestar servicios públicos. Es más, ha descrito la estrategia que, según ha aseverado, sigue el Gobierno andaluz: primero «cuestionar la eficacia de los servicios públicos», luego «denigrar la labor de los profesionales» y acometer despidos bajo el paraguas de la «reordenación», para finalmente «privatizarlos». No faltaron tampoco los «enchufes». Marín ha recalcado que en un primer diagnóstico han hallado ya «entidades ‘fantama’» que «no servían para nada» y que «le guste o no» a Gómez el término «son chiringuitos». El vicepresidente ha animado al socialista a seguir «metiendo miedo en el cuerpo a quien considere», mientras él continuará «intentando dignificar el empleo público».

LA CIFRA

80,13

millones se han pagado por sentencias judiciales que han ganado trabajadores a los que ha habido que readmitir