Anticorrupción insiste en el carpetazo a la causa de la empresa ligada a Antonio Banderas

La pieza de la «macrocausa» de la sociedad de la Junta Invercaria que gira en torno a los préstamos de casi 1,5 millones concedidos a la productora granadina Kandor Graphics, apadrinada en su momento por el actor Antonio Banderas, ha sido espoleada por unos y frenada por otros. El pasado septiembre, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, procesó a tres ex presidentes de la entidad pública que da nombre al proceso, Tomás Pérez-Sauquillo, Laura Gómiz y Francisco Álvaro Julio, y a otra cuarta persona en el ámbito de una causa que archivó en 2017, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la sociedad Invercaria-Inverseed. Fue la Audiencia provincial de Sevilla la que, estimando un recurso que interpuso la representación procesal del PP, ordenó reabrirla e incluir en ella a Francisco Álvaro Julio, a quien debía tomarse declaración como investigado.

Ahora Anticorrupción vuelve a pedir el sobreseimiento de la misma, en un escrito fechado el pasado 14 de noviembre y al que accedió LA RAZÓN, y, «en su consecuencia», la denegación de «la apertura del juicio oral». Sostiene el Ministerio Público que ni él ni las acusaciones particulares ejercidas por Invercaria y la agencia IDEA –de la que depende la primera– «han deducido pretensión penal» y añade que «sólo el Partido Popular ha formulado escrito de acusación con criterios muy discutibles». En su arbolado escrito de seis páginas, la Fiscalía alude a la conocida como «Doctrina Botín» para defender que en el supuesto que se da en este caso, «cuando ni la particular ni el Ministerio Público deducen pretensión penal, la acción popular se ve limitada en este extremo». «Esta cuestión es además –se hilvana en el documento judicial elevado al juzgado instructor 16– constatable de manera más intensa cuando esta acción la ejerce un partido político». Y los dos fiscales que firman el escrito se explican: «No es que tenga restringida en nuestra ley tal actividad, sino que, como recientemente ha constatado el Tribunal Supremo, existe un riesgo palpable de que la confrontación política se lleve al foro, lo que es del todo punto de vista indeseable». Ése es su aviso.