La Junta integrará las cinco agencias sanitarias en el SAS en esta legislatura

Son cinco agencias públicas que funcionan de manera independiente al resto de la sanidad andaluza: en el Poniente de Almería, el Bajo y Alto Gualdaquivir, la Costa del Sol y la empresa de emergencias sanitarias –esta última atiende en toda Andalucía–. Todas forman parte de la administración paralela de la Junta y se gestaron, la primera de ellas en 1993 y la última en 2006, para acercar los servicios a las comarcas más desatendidas. Al amparo de esta figura, el PSOE puso en marcha hospitales de alta resolución y centros de especialidades, permitiendo así que los ciudadanos estuvieran a menos de media hora de un hospital. Esa fue la explicación oficial, aunque no justificara su creación fuera de la órbita del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los diecisiete centros hospitalarios atienden a una población que roza los 1,3 millones. La particularidad de este modelo provoca que dependan orgánicamente de la Consejería de Salud y Familias y funcionalmente del SAS, pero actúan de manera independiente en la prestación de servicios y la contratación. «Hay modelos diferentes en cada provincia y eso genera un sobrecoste a la Administración», asegura Beatriz Jurado, portavoz de sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía. «A veces una ambulancia no sabe a qué hospital le corresponde desplazar a un enfermo», detalla para ilustrar algunos de los inconvenientes que supone la gestión implantada por el PSOE y que la Junta está decidida a eliminar, incorporándolas al SAS. Jurado mantiene que desde hace tres meses la Consejería negocia con los afectados el encaje de los profesionales en la nueva estructura: son unos 7.700 trabajadores, muchos de ellos temporales, según figura en el Proyecto de Ley del Presupuesto de 2020.

Estabilidad en entredicho

El conflicto no es nuevo, como recuerda la parlamentaria del PP, pero sí lo es que su partido haya incluido una enmienda concreta para solicitar a la Junta la integración de esas cinco agencias sanitarias en el SAS. Lo hizo respondiendo a una moción del PSOE sobre política sanitaria, registrada la semana pasada y que se debatirá y votará en el Pleno hoy jueves. En un punto de los 23 que contiene, los socialistas pedían «garantizar la estabilidad» de los empleados públicos de estas cinco agencias sanitarias. «Si el PP quiere que se integren, que proponga un debate específico en el Parlamento sobre eso. Las cosas no son malas o buenas en sí mismas», asegura el parlamentario del PSOE Jesús María Ruiz. «¿Se pueden integrar? Pues sí, pero habría que ver en qué términos. No es cuestión de despacharlo en una enmienda a una moción», insiste. Para Ruiz, «es normal que los trabajadores se preocupen aún más» tras conocer esa enmienda. El parlamentario considera que «existen formas de garantizar la estabilidad laboral y se aplican en la Administración pública, pero esas fórmulas se deben negociar antes de integrarse en el SAS. Será un problema si no se ha resuelto antes», asegura.

Según la diputada popular, la Consejería inició las conversaciones con los afectados hace tres meses. «Ante la magnitud de la problemática que supone la reestructuración se han ralentizado los tiempos. Nuestro objetivo es hacerlo en esta legislatura», detalla.

Desde el PP defienden que «hay agencias que funcionan de una manera magnífica, no se trata de desmontarlas, si no de integrarlas en el SAS» para mejorar «un modelo de gestión que provoca un sobrecoste y ese dinero se podrá invertir en nuevos servicios». «Queremos acabar con la descoordinación que eso supone», remarca Jurado. Su supresión «es un proceso jurídico muy complejo, no se va a hacer de manera inmediata», detalla.

Cien demandas particulares

Jurado mantiene que «estamos trasladando en las reuniones, tanto desde el Grupo Popular como desde la Consejería, tranquilidad a los trabajadores porque se busca una forma más eficiente de trabajo». «Somos conscientes de que todo cambio genera una inquietud, pero no podemos mezclar este objetivo de eficiencia con las demandas de los trabajadores, que llevan interponiéndose desde hace mucho tiempo, pero no por la gestión de este Gobierno. Queremos poner pie en pared y establecer un procedimiento de la gestión pública más eficiente», concluye. En este sentido, explica que «hay ahora mismo un estudio jurídico para garantizar los derechos de estos trabajadores». Así, relata la idea sobre la que se trabaja es realizar primero un concurso de traslados y promoción interna y, una vez concluya ese proceso, se realizara una convocatoria de empleo público para la estabilización de la plantilla. Este punto último es el que más preocupa a los profesionales, acuciando un conflicto que dura años por el fraude en el que estarían contratados muchos. Así lo denuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (Sintef), cuyo abogado, Manuel Martos, asegura que solo en esta semana ha presentado un centenar de demandas particulares, mientras los conflictos colectivos de dos de las agencias –las de el Alto y el Bajo Guadalquivir– están pendientes de resolverse en el Sercla.

En el trasfondo se avista el destino del resto de las agencias públicas, cuya reducción es una de las prioridades del Gobierno de PP y Cs desde que suscribieron el pacto en enero.