Mi máster en la Junta de Andalucía: 200 euros por alumno para gastos personales

Ana acababa de terminar la carrera y se estaba preparando unas oposiciones para la Administración del Estado, sin embargo, llegó la crisis y las pruebas fueron congeladas de la noche a la mañana. «Tenía que reorientar mi vida de alguna manera y me habían hablado de unos máster que ofrecía la Junta de Andalucía para personas desempleadas. Comencé a buscar información sobre ellos, tenían muy buena pinta, la verdad», relata esta andaluza treintañera. A través de su experiencia en uno de los famosos cursos de la Junta, Ana nos desvela las corruptelas que impregnaban cada rincón de las instituciones andaluzas de la era socialista. Lo que en principio era un inocente programa de formación para parados, realmente entrañaba un circuito de amaños y derroche de dinero que exalta a cualquiera.

«El curso lo realicé entre junio de 2010 y febrero de 2011, realmente me gustaba más otro que ofrecían de asesoría integral de la empresa, pero ya no había plazas cuando quise matricularme, así que me apunté en el de Gestión Administrativa de la Empresa que era de 900 horas lectivas», detalla. Entre las asignaturas: gestión contable, derecho mercantil, recursos humanos, sensibilización ambiental y nóminas informatizadas. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, los quince alumnos que estaban matriculados, y que según describe Ana tenían un perfil muy similar (todos ellos del sector empresarial y económico), comenzaron a observar «cosas raras» al poco tiempo de arrancar el curso: actitudes y comportamientos de quienes impartían y dirigían esta formación y un despliegue de materiales digno de una empresa privada más que de un curso público financiado con fondos ciudadanos. «Nos íbamos enterando de que todos los profesores estaban relacionados entre sí, eran familiares, amigos, incluso intuíamos que alguno de ellos no tenía la titulación que en un principio se le atribuía. Otros eran altos cargos yo creo, porque venían en unos cochazos....», recuerda Ana, quien, pese a que han pasado nueve años desde entonces, recuerda con detalle todo lo ocurrido en aquella época. Es decir, que el enchufismo del profesorado en estos cursos organizados por la Junta era el común denominador. Pero ahí no termina la historia. Ana y sus compañeros se sorprendieron cuando les dijeron que este máster incluía un «viaje de fin de curso». También a cargo del contribuyente, claro está. «Nos llevaron una semana a Bruselas y Luxemburgo. Hicimos una visita de rigor al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas y la mayoría del tiempo era para ocio. Había planificada una excursión a Brujas y otra a Gante, la verdad que fue un viajazo», nos cuenta esta andaluza. Es más, se alojaron en un hotel cuatro estrellas, «un Catalonia, si no recuerdo mal», añade. Allí pocos protestaban ante tanto despliegue y gastos pagados, hasta que años más tarde supieron de dónde salía tanto billete para pagar los dichosos cursos. Pero aquí tampoco termina la historia. «Un día, antes de irnos al viaje, llegó el director del curso y nos repartió a cada uno de los alumnos 200 euros en efectivo para cubrir los gastos personales que pudiéramos tener durante los días fuera. Nos quedamos alucinados porque en sí el viaje tenía todo incluido: el transporte, las dietas..., pero, lógicamente nadie dijo nada. Algunos nos lo gastamos en compras, pero hay quienes no lo hicieron y como estaba todo incluido, pues por hacer el máster se llevaron 200 euros de regalo», dice. Ana es consciente del descontrol que existió durante décadas en la Junta y que todo aquello tenía una finalidad: conseguir votos y favorecer a amigos y familiares de altos cargos. A ella no la compraron, «yo lo aproveché, que es diferente», pero, ante tal despliegue de cursos, y este es tan solo uno de los vértices de la corrupción de la Administración socialista de Andalucía, ¿quién no daría su confianza a Manuel Chaves (presidente de la Junta entre 1990 y 2009) o José Antonio Griñán (presidente entre 2009 y 2013) en las urnas? «Pero no sólo nuestro curso incluía un viaje al extranjero. El de mi amiga, el que yo quería cursar en un principio, fue a Berlín», matiza.

Total descontrol

Estas formaciones se realizaban a través de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, «de hecho había varios de los que estaban anunciados que ni si quiera llegaron a realizarse», nos dice Ana, pese a que recibieron la subvención de la Junta. Lo que relata Ana es solo uno de los centenares de casos que formaron la causa conocida como los «cursos fraudulentos de la Junta» de la era socialista, los cuales, según la investigación tuvieron lugar entre 2005 y 2013. La trama se destapó en Málaga, donde la UDEF (la unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial) detectó que algunos de los cursos recibían el 75% de los fondos que provenían de la Junta y nunca llegaban a reclamar el otro 25% que se aportaba una vez la formación había concluido. Esto hizo sospechar a los agentes de que dichas clases no se estaban impartiendo y comenzaron a indagar. Así surgió la «Operación Edu», como se denominó la investigación, que se extendió a todas las provincias andaluzas, y que ha imputado a más de dos centenares de personas y una veintena de empresas, las cuales eran, supuestamente, contratadas por la Junta para la formación, que no siempre llegaba a realizarse. Sin embargo, ahora, más de una década después de lo sucedido, la mayoría han sido archivadas, no sin el pesar de alguno de los jueces como el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva. Este juez consideró «injustificado» que el fiscal pidiera el archivo, después de que «meses antes hubiera solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados». Pero, afortunadamente, no todas han sido archivadas e, incluso, otras se han reabierto con la llegada del Partido Popular a la Junta, dispuestos a desempolvar el «cortijo» socialista de cuatro décadas.

En julio de este año, la Audiencia de Sevilla ordenó la reapertura de la causa tras estimar el recurso presentado por el Partido Popular Andaluz contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños, que archivó la pieza principal del caso, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos andaluces. Y en el centro del huracán está Ángel Ojeda, que fue consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990 y quien según la UDEF se quedó con 3,6 millones de euros de subvenciones públicas para la formación de desempleados. Según informes conseguidos por «El Confidencial», los fondos iban destinados a los profesores que tenían que impartir los cursos, pero el ex dirigente socialista utilizó una sociedad instrumental y centenares de facturas falsas para apropiarse del dinero. Sin duda esta trama conforma un laberinto complejo, una maraña entre la que los euros se enredan entre sociedades y empresas que participaron en un complot donde se «esfumaron» millones de subvenciones. Tan solo entre 2005 y 2013 la Junta de Andalucía destinó 2.875 millones de euros a los cursos de formación, una parte venía directamente del Fondo Social Europeo que, tras el escándalo, decidió suspender estas subvenciones en 2014. Se calcula que la estafa total ronda los 3.000 millones de euros, según la UDEF, sin embargo, nadie ha sido todavía condenado por ello.