Anticorrupción pide investigar a Chaves y a cuatro ex consejeros por un préstamo de la Junta

En plena resaca mareal de la sentencia de la pieza política del «caso ERE», la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado que instruye ese «macroproceso», el número 6 de Sevilla, que incoe una nueva pieza separada para «determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión en el año 1999» por parte de la Junta de un «préstamo puente» a la empresa Campocarne Andalucía de hasta un máximo de 5,8 millones de euros. El Ministerio Público baraja que «bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente» a la mencionada mercantil, heredera de la jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), e indirectamente «a la empresa Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación». Una petición que ha provocado la crecida de una nueva ola, ya que Anticorrupción ha solicitado al órgano judicial que se lleve a la futura causa en calidad de investigados «por su participación en los hechos» a una quincena de personas, entre las que se encuentra el ex presidente del Gobierno autonómico, Manuel Chaves, condenado ya a nueve años de inhabilitación.

Y no es el único ex alto cargo señalado ahora que ya se sentó en el banquillo por la «macrocausa» de los ERE, también lo estuvieron los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo. Junto a ellos, la Fiscalía apunta a otros cinco ex altos cargos de la Junta y a cinco miembros de la empresa beneficiada por los fondos públicos. En el escrito elevado al juzgado, adelantado por Diario de Sevilla y consultado por LA RAZÓN, se asevera que existe documentación que confirmaría la «existencia y vigencia del préstamo» y de que éste «nunca tuvo voluntad de ser cobrado». «En todo caso –se cose– al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo». Para esclarecer ése y otros puntos, el Ministerio Público demanda también al juzgado que se requiera a distintos entes de la Junta nueva documentación que incluye el expediente completo del préstamo puente, «con indicación de su amortización o en su caso conversión en préstamo participativo»; una copia del remitido al Consejo de Gobierno presidido por Chaves para su aprobación definitiva el 9 de noviembre de 1999; o un paquete de documentos que procedan de la Intervención de la Administración autonómica.

De aceptar el juez José Ignacio Vilaplana las pretensiones de Anticorrupción, habría que enroscar una nueva investigación que excede el periodo ya sentenciado, desde 2000 a 2009, y que nada tendría que ver con la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», que nutrió buena parte de las ayudas con las que los gobiernos andaluces del PSOE subvencionaron los expedientes de regulación de empleo, en aras de mantener la «paz social», según el fallo. Además, los ex altos cargos de la Junta ya juzgados en la rama política están siendo sacados de otros bloques de la «macrocausa» por indicación de la Audiencia de Sevilla, al no poder ser juzgados varias veces por lo mismo, pero los hechos a los que la Fiscalía ha puesto ahora la lupa son distintos. No se aplicaría para Chaves, Zarrías y el resto.

La Junta llevará a la Justicia la desaparición del acuerdo «clave»

El Gobierno andaluz aprobará hoy llevar a la Justicia la desaparición de los archivos del Consejo de Gobierno de un documento sobre una ayuda concedida en 1999 a la empresa Cárnicas Molina, por la que la Fiscalía pide imputar al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero Gaspar Zarrías. Se va a dar traslado a los servicios jurídicos del Ejecutivo regional que decidan la vía judicial más adecuada para denunciar la desaparición «del convenio clave», según anunció el presidente, Juanma Moreno, en un desayuno organizado por Europa Press. Este convenio de hace veinte años, que sí fue al Consejo de Gobierno, fue solicitado en las diligencias previas de los ERE y durante el juicio, pero la Junta insistió en que no existía. En enero de este año, después de las elecciones autonómicas, el director del Instituto del Fomento de Andalucía (IFA) dijo que había aparecido y lo mandó al juzgado. El Gobierno actual de PP y Cs ha constatado que ese asunto aparece en el orden del día del Consejo de Gobierno del 2 de diciembre de 1999, pero el documento no está en el acta de esa reunión.