Sólo 15 millones se han recuperado por ahora del dinero defraudado de los ERE

«El importe total efectivamente recuperado a día de hoy alcanza los 15 millones de euros». Habla el titular de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y se refiere a los fondos vinculados al llamado «caso ERE». Tras el Consejo de Gobierno de ayer el consejero hizo una radiografía numérica de situación de lo sucedido con ese dinero presuntamente malversado, según la cual, esos 15 millones suponen la cuantía que se ha reintegrado gracias a los expedientes revisados de oficio, frente a los que «se ha declarado insolvencia del obligado» a reponer los fondos por una cifra de «25,3 millones». Es más, el actual Ejecutivo autonómico, que no concretó cuánto se ha recuperado en su etapa al frente de la Junta, da por perdidos 71 millones, debido en esencia a los plazos prescritos para reclamar, a que hay sociedades en su día beneficiarias del reparto de ayudas que ya no existen o personas que «no viven o no tienen patrimonio para responder», en palabras de Bravo. Y no quedó ahí su siembra de datos. El consejero desveló además que la Administración autonómica ha pagado desde el 2012 un total de «402.178.148,93 euros» y que hasta 2025 tendrá que abonar otros «62.950.000,93 céntimos de euros».

En el plano de la responsabilidad contable, el titular de Hacienda explicó que el Tribunal de Cuentas inició diligencias provisionales en 2011, a raíz de una denuncia del actual viceconsejero de la Presidencia, el popular Antonio Sanz, y se activaron tres líneas de actuación ligadas a las pólizas de prejubilación; los pagos a ayuntamientos o a empresas; y las sobrecomisiones a mediadoras de seguros. El montante total exigido asciende a 118 millones, aunque también será complicado recuperar una parte significativa de ese lado.

En el ámbito del derecho administrativo, hay 218 expedientes de revisión de oficio, de acuerdo a la información desplegada por Bravo, de los que 91 se han tratado en la jurisdicción contenciosa-administrativa. A ellos se suman «38 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)» en las que se reconoce la nulidad de las ayudas pero también se indicaba la prescripción del tiempo para recobrarlas. Es más, 32 son firmes, pese a que se recurrieron, y suponen 10,5 millones irrecuperables. Hay otros 28 fallos favorables a la Administración regional por 18 millones y 20 expedientes en espera de sentencia que suponen una cantidad de 13,7 millones. Por último, el consejero anotó la existencia de sentencias favorables a los beneficiarios y tres recursos que fueron archivados. Bravo señaló con énfasis sorpresivo que hasta la llegada del Gobierno actual no existía una base de datos conjunta de la Consejería de Empleo, la de Hacienda y los Servicios Jurídicos de la Junta para unificar la información y no quiso especificar cuánto dinero se reclamará en global ni cuánto se va a reponer para las arcas públicas al ser cifras cambiantes y para no generar «falsas expectativas».