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La Justicia investigará a Chaves por la concesión del «préstamo-germen» de los ERE

Un juez entiende que con el crédito puente de hasta 5,8 millones se podría haber «simulado» una ayuda directa otorgada de forma ilegal a la empresa Campocarne. Hay otros nueve ex altos cargos señalados

El ex presidente del Gobierno autonómico de Andalucía Manuel Chaves
El ex presidente del Gobierno autonómico de Andalucía Manuel ChavesManuel Olmedo

Ya hay decisión y vuelve a poner al ex presidente andaluz Manuel Chaves en el ojo del huracán judicial. El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, se ha alineado con la Fiscalía Anticorrupción y ha abierto una nueva causa en la que investigar a 15 personas, entre las que se encuentran Chaves y otros nueve ex cargos de la Junta, por el préstamo puente de 5,8 millones que ésta concedió a Campocarne Andalucía, una empresa heredera de Hijos de Andrés Molina (Hamsa). En la primera de las resoluciones judiciales –ambas están fechadas este 3 de diciembre y fueron difundidas por el TSJA–, el magistrado acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e incoar con el mismo nuevas diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. Vilaplana relata que el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de 29 de octubre de 1999 adoptó por unanimidad, y a expensas de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, «anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas» por Campocarne, lo que se articuló a través del mencionado «préstamo puente» de «hasta 970.000.000 pesetas», los 5,8 millones de euros.

LA RAZÓN ha comprobado que en el legado de papeles que es el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se recoge ese acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se ratificó el previo adoptado en el IFA, en concreto consta en la página 15.859 del número 143 del BOJA fechado el 9 de noviembre de 1999 y firmado por Chaves y el ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez. Pero, el juez apunta que la aprobación del crédito otorgado a la mercantil sobre la que Anticorrupción ha puesto ahora la lupa «se incluyó ‘por vía de urgencia’ en el orden del día» de aquella reunión de la cúpula del Ejecutivo autonómico y que «la ratificación del mismo no fue enviada ni objeto de análisis alguno» en el habitual encuentro previo de la Comisión General de Viceconsejeros –lo que se conoce como «consejillo»– ni en el posterior. Se basa para afirmarlo en un expediente del Servicio de Secretariado del propio Consejo de Gobierno, que fue presentado por una letrada del Gabinete Jurídico de la Junta el pasado 2 de diciembre. Vilaplana estima «procedente» atender la petición de la Fiscalía de iniciar un nuevo proceso encaminado a «determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden» de la asignación a Campocarne de un préstamo puente, que «a fecha 1 de febrero de 2005» no habría sido «amortizado ni reembolsado y que, aún entonces, no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/luego agencia IDEA–». Unos hechos, por ello, que no habrían prescrito todavía.

En su segunda resolución, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves y Gutiérrez, los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex presidente del IFA Salvador Durbán; el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

El juez sostiene que, en definitiva, con el préstamo se podría haber «simulado» una ayuda directa, «otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos». Esta operación sería previa al sistema de reparto de subvenciones para financiar expedientes de regulación de empleo que ya se ha juzgado. Abreviado, de la pieza política del «caso ERE».