Susana Díaz tumbó incluso una enmienda en sus primeras cuentas para recuperar el dinero de los ERE

La defensa por parte de Susana Díaz de que su Gobierno hizo todo lo posible por recuperar los fondos defraudados de los ERE guarda una relación oblicua con la realidad al cotejarla con el diario de sesiones del Parlamento. En noviembre de 2013, en el debate de las primeras cuentas de Susana Díaz como presidenta tras tomar posesión el 7 de septiembre anterior, el entonces bipartito formado por PSOE e IU tumbó la enmienda del PP para el cobro de los fondos defraudados. Hacía dos meses que Chaves y Griñán ya estaban en el punto de mira de la causa. Seis años después, IU forma parte de Adelante Andalucía, cuya líder, Teresa Rodríguez, llevó a la Cámara una PNL para la reprobación de los gobiernos socialistas.

Casi cuatro horas de debate resultaron insuficientes para que más de un centenar de diputados alcanzaran algún tipo de acuerdo en torno al Presupuesto de 2014. El bipartito se bastó para tumbar la enmienda a la totalidad del PP a las cuentas, incluida una disposición adicional, de carácter finalista, para garantizar e incluir el cobro de las partidas defraudas en los ERE, que abría la puerta a casos como el de los fondos de formación. En aquel Pleno, el único minuto de consenso en la Cámara –acaso el único sin impostura– fue de silencio y en memoria de Cinta Castillo. Defendió aquellas cuentas la ahora ministra María Jesús Montero, reprobada, precisamente, por la Cámara andaluza antes de las últimas elecciones generales. El que era líder del PP andaluz Juan Ignacio Zoido censuró que se trataba de unas cuentas, al fin, con los índices de paro más elevados del país «para mantener la estructura política». «Sólo piensan en cómo repetir y repartir», censuró Zoido, que fue quien tribunalizó el «caso Mercasevilla» que desembocó en el «caso ERE», aunque la Junta defendió que llevó las grabaciones a los hosteleros de La Raza a la Fiscalía. De 102 votos, 55 fueron contra la enmienda popular y 47 a favor. «The show must go on», que compuso Brian May para «Queen». La presidenta Susana Díaz acarició su primer Presupuesto. Posteriormente, oficialmente en base al criterio de los letrados, la Junta, con Díaz al frente, se retiró como acusación en el procedimiento específico, dificultando, dice ahora el Ejecutivo de Juanma Moreno, la recuperación de los fondos.

Seis años después, la Audiencia ha cifrado en 680 millones el montante de las partidas defraudadas en los ERE; 402 millones se han pagados en ayudas a trabajadores; quedan 63 millones por pagar hasta 2025. Según el balance que ofreció la propia Junta, hay 15 millones recuperados del fraude y 35 millones ganados en los tribunales, además de 78,3 millones reclamados ante el juez y 118 millones al Tribunal de Cuentas.

En la última sesión del Pleno, cuando se debatían las consecuencias de la sentencia de los ERE, Susana Díaz no estaba en el escaño.El socialista Manuel Jiménez Barrios preguntó que si se defraudaron 680 millones, ¿por qué el Gobierno andaluz va a pagar 37 millones a los prejubilados? Tras la primera sentencia del denominado «procedimiento específico», la Audiencia de Sevilla todavía tiene por delante unas 120 causas abiertas, según señaló el TSJA a LA RAZÓN. La cuantía exacta es una incógnita aún. Hay medio millar de imputados. Sólo un juicio tiene fecha fijada: el de las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), para septiembre de 2020 debido al colapso de la Audiencia. En 2015 se troceó la macrocausa –en contra del criterio de Alaya– para evitar la prescripción de los delitos, agrupados en tres grupos: el procedimiento específico ya juzgado, las sobrecomisiones de las mediadoras –cifradas por la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía en 66 millones– y con Juan Lanzas como actor principal; y cada una de las ayudas de los ERE con sus intrusos, que según los atestados de la Guardia Civil se sitúan en torno a 73,8 millones (1,4 de ellos supuestamente parar el conocido como «chófer de la coca»). Se calcula que los intrusos habrían recibido unos 12 millones. Las últimas causas que han pasado a la Audiencia son por un total de 2,4 millones. Juristas consultados por LA RAZÓN señalaron que no será fácil discriminar por qué se ayudó a una empresa en crisis y no a otras también en crisis. También apuntaron que «la cronología de los hechos de la sentencia» es el retrato de una época. Si se extrapola el tiempo de la primera causa con las pendientes, el fraude conllevará 75 años de juicios ininterrumpidos en las secciones de Audiencia de Sevilla. El PSOE-A, tras el primer fallo, ha señalado que «es indestructible», a falta aún de enfrentarse al goteo de una causa eterna después de que el tribunal dictara una sentencia con las reminiscencias de un exhorcismo.