Actualidad

Funcionarios exigen al Gobierno andaluz que acabe con los comisionados elegidos «a dedo»

El SAF considera «abusivo» que «sólo en Sevilla» haya 319 en la Consejería de Salud y en el SAS, mientras las Relaciones de Puestos de Trabajo de esos entes están «desdotadas», por lo que exige que vayan retornando a sus plazas de origen

En la imagen, instalaciones de la Consejería de Salud en Sevilla
En la imagen, instalaciones de la Consejería de Salud en Sevilla

Fue el pasado mes de mayo, cuando la Unión Provincial de Sevilla del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) solicitó a la Consejería de Salud y Familias el listado del personal estatutario destinado en centros sanitarios que, sin embargo, desempeña funciones administrativas tanto en los servicios centrales de la propia consejería como en los del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La organización sindical teme que se esté produciendo una «usurpación de funciones», mientras «la desdotación de plazas de RPT –relación de puestos de trabajo oficial–» en ese departamento «es escandalosa», dado que «existe un porcentaje total de 42,76% de puestos vacantes» en los servicios centrales y «del 53%» en el caso del SAS.

Desde Salud se les ha respondido, vía escrito como se hizo la petición. En el documento, con sello de salida del pasado 27 de noviembre y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se traslada al sindicato que existen 30 personas en los servicios centrales de la consejería y 289 en los del SAS. En total, 319.

De acuerdo a la información aportada por la propia Junta relativa a la consejería, hay un administrativo en la Viceconsejería. En la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ocho técnicos, tres asesores, cuatro médicos, un veterinario y una farmacéutica. A esto se suma que en la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud existen cuatro médicos comisionados, un auxiliar administrativo, un subinspector, una enfermera y una farmacéutica. Y en la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios cuentan con una consejera técnica, en la Secretaría General Técnica con un conductor, hay un técnico en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y otro en delegaciones territoriales.

En cuanto al SAS, la Dirección General de Asistencia Sanitaria acumula 68 de estos trabajadores con perfiles muy variados que van desde auxiliares administrativos a diplomados en enfermería, epidemiólogos, farmacéuticos, médicos o técnicos de distinto tipo. Y la hilera sigue. En la Dirección General de Gestión Económica hay 78, en la Dirección Gerencia 60, en la Intervención central son dos y en la Dirección General de Personal 81. Desde Salud se asevera que ninguno «ocupa puestos» de la RPT de la consejería ni tampoco del SAS, en relación al cual se matiza que se trata de «adscripciones temporales autorizadas por Resolución de la Dirección General de Personal» y que «realizan funciones de su categoría profesional».

Pero la respuesta no ha convencido al SAF, que insiste en que se prescinda de esas dosis laborales homeopáticas. Fuentes de este sindicato transmiten a este periódico que llevan años denunciando «la abusiva política de personal tanto de la Consejería de Salud como de la de Educación, al comisionar a cientos de profesionales de la sanidad y de la educación en puestos administrativos dentro de las consejerías para realizar labores que nada tienen que ver con sus perfiles profesionales». Unas comisiones, añaden, «concedidas ‘a dedo’ sin ningún tipo de regulación ni procedimiento para un personal que reniega de la tiza o de la bata blanca». Centrándose en el desgranado escrito de la Junta subrayan que «sólo en Sevilla» esos empleados superan las 300 personas, con lo que «el número total en el conjunto de toda Andalucía será muy superior», lamentan.

Para los integrantes del sindicato de funcionarios, «si la dotación de puestos en esas RPT fuera mayor, sería innecesario tener que ocuparla por personal estatutario, que dejan sus plazas de trabajo en los centros de salud, con la problemática de personal que tienen». Critican, además, que «en demasiadas ocasiones» los puestos que abandonan se llenan «de manera interina», con lo que el coste de «un hueco es doble» para las arcas públicas. Nada apunta a su agotamiento y avisan de que «estas prácticas pueden rozar la ilegalidad». Saben que es una dinámica heredada, pero exigirán a la consejería que, «de inmediato, ese personal retorne a sus puestos de origen y que vayan procediendo a la dotación de los que sean necesarios en la consejería y el SAS».