El «caso ERE» empuja al Parlamento a reprobar a los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz

La Mesa del Parlamento de Andalucía, con el apoyo de todos los grupos menos el PSOE, acordó ayer que la iniciativa de Adelante Andalucía para reprobar a los gobiernos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz por el «caso ERE» llegue al Pleno de la Cámara. La Proposición no de Ley (PNL) se debatirá así en el próximo periodo de sesiones, tras el parón navideño, en contra del criterio del letrado mayor del Parlamento. En un informe jurídico, solicitado por la propia Mesa, señaló que «el Parlamento no puede reprobar, por motivos de índole política o moral, a un diputado» ya que «sería como reprobarse a sí mismo».

De los tres ex presidentes, sólo Díaz sigue siendo diputada si bien el informe del letrado también indicaba que si se admitiese la reprobación de personas que tuvieron escaño cuando dejan de tenerlo «bastaría con dejar pasar el tiempo» para «llevar a cabo lo que anteriormente se consideró inasumible». La existencia de este informe jurídico contrario a la tramitación de la PNL llevó ayer al PSOE a anunciar un recurso ante el Constitucional. El portavoz parlamentario socialista José Fiscal llegó a comparar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, con sus homólogos de Cataluña cuando declararon la independencia y «están en la situación que están porque se saltaron el informe de los letrados del Parlamento».

La PNL de Adelante Andalucía pide que el Parlamento repruebe a los gobiernos de Chaves y Griñán –ambos condenados por el «caso ERE»– por haber «ideado y aplicado un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público» y a Susana Díaz y a su Ejecutivo por «abandonar la causa de la pieza política de los ERE, decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley». Alude así a la decisión de la Junta bajo la dirección de Díaz de no ejercer la acusación particular en el juicio contra Chaves, Griñán y una veintena de ex altos cargos de sus sucesivos Gobiernos, y renunciar a pedir a los acusados las cuantías defraudadas en concepto de responsabilidad civil.

Adelante Andalucía registró la iniciativa tras conocerse, el pasado 19 de noviembre, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena por prevaricación y malversación a 19 ex altos cargos socialistas de la Junta, entre ellos Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación y Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación.

La formación de Teresa Rodríguez defiende que es reprobable «la actuación política de los gobiernos cuyos presidentes Chaves y Griñán ya han sido condenados» pero «no lo es menos la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Susana Díaz, que con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria, hizo dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar».

Tras la decisión de la Mesa de la Cámara de dar trámite a la iniciativa pese al informe contrario de los letrados, fuentes del grupo proponente precisaron a Europa Press que dicho informe no es vinculante y que las decisiones que adopta la Mesa son «políticas», no de carácter jurídico. Por contra, para el PSOE es de «extrema gravedad» que PP, Cs, Vox y Adelante «se hayan saltado» el informe de los letrados, que dice que «no procede la toma en consideración de la PNL de reprobación». El informe indica que los mecanismos previstos en el Estatuto para exigir responsabilidades políticas a miembros del Gobierno son la moción de censura y la cuestión de confianza.

La última vez que el Parlamento reprobó a un representante público fue el pasado 10 de octubre, cuando salió adelante una PNL de Cs para reprobar a la ministra de Hacienda María Jesús Montero por la retención de 1.350 millones de ingresos a la comunidad. Fue apoyada por PP, Cs y Vox mientras que Adelante Andalucía se abstuvo y el PSOE votó en contra. En 2016, gobernando el PSOE gracias al apoyo de Cs, el PP presentó una PNL para reprobar al entonces consejero de Justicia Emilio de Llera por sus críticas a jueces y fiscales. Los populares lograron sacar adelante la reprobación con los votos de Cs y Podemos (IU se abstuvo).

Ahora, Adelante es el proponente y es de esperar que PP, Cs y Vox apoyen una iniciativa que ataca el caso de corrupción que lleva años lastrando al PSOE andaluz y en parte culpable del relevo en la Junta por primera vez.