Anticorrupción pide 26 años de prisión y una multa de 200 millones para la ex cúpula de UGT de Andalucía

«Desde tiempo ha, el sindicato UGT de Andalucía, dada cuenta su posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político, ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones», sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Lo hace en un escrito de conclusiones provisionales en la causa en la que se investiga el presunto fraude de 40,7 millones en las ayudas que concedió a la organización sindical la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta, por ser un «interlocutor social de referencia» en una comunidad «donde el paro es un grave problema». En el profuso documento judicial de 55 páginas, consultado por LA RAZÓN, Anticorrupción hace un relato de hechos sobre el que soporta una petición de hasta siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para la antigua cúpula de UGT-A por los delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

El paso dado por el Ministerio Público llega después de que el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla procesara a principios de mes a quince personas por el supuesto fraude en catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 al sindicato para la realización de más de 2.000 acciones formativas. Ahora la Fiscalía ha solicitado siete años de prisión y una sanción de 50 millones de euros en concreto para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández, el ex tesorero Federico Fresneda y la secretaria de Gestión Económica durante la etapa analizada María Charpín. A ello se suma una demanda de cinco años de cárcel y la misma multa de 50 millones para la responsable del departamento de Compras, María Dolores Sánchez. En global la pena planteada para los cuatro es de 26 años de prisión y 200 millones de multa.

El Ministerio Público señala además a Enrique Emilio Goicoechea, consejero delegado de la empresa Soralpe, una de las entidades «usadas» por UGT para «la ejecución de programas formativos», quien también se enfrenta a la posibilidad de una condena de siete años privado de libertad y al peso de los 50 millones. Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, Anticorrupción reclama tres años de prisión y multas de 10 euros al día durante 12 meses, lo que suponen unos 3.600 euros anuales.

Enfocable es la parte del escrito de la Fiscalía en la que marca que en concepto de responsabilidad civil Fernández, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen «conjunta y solidariamente» al Gobierno autonómico con la cantidad de 40.750.047,74 euros y fija 4.288.707,74 para Sánchez. Pero no se queda ahí. Anticorrupción incluye un apartado dedicado a la «responsabilidad de UGT-A», para aseverar que la organización sindical es «responsable civil subsidiario por la totalidad de la cuantía de las cantidades defraudadas», que se eleva a los más de 40,7 millones. «Igualmente es responsable solidario por las cuantías de las multas de los acusados», se cose, en relación a los cuatro procesados vinculados al sindicato y al quinto de Soralpe. En cuanto a los proveedores, el Ministerio Público exige indemnizaciones que oscilan entre los 638,56 o los 48.805,61 euros a cantidades que superan el millón y considera responsable civil subsidiario por distintas cuantías a ocho mercantiles: Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía.

La Fiscalía defiende que la «creación de la llamada central de compras fue decisión directa» del ex secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, en una fecha «no determinada del año 2006», si bien, lo actuado respecto a él se ha archivado por motivos de salud. Y asevera: «Con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos», el sindicato «puso en marcha un plan para financiarse con los mismos», sin perjuicio de que las acciones formativas se impartieran, redundando en la eficacia y calidad de las mismas, «distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos» en periodo de justificación ante la Administración. Entre las vías para desviar presuntamente el dinero se mencionan y explican el bote, el rapel o la simulación de alquileres.

La réplica

La organización sindical avisa de que no es una sentencia

UGT Andalucía quiso dejar claro ayer a través de un comunicado que el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción no es una sentencia. Aseguró además que, «una vez se dé traslado a esta organización de su llamada al procedimiento», tendrán ocasión de «conocer directamente lo realizado por parte del juzgado en estos años de instrucción» y podrán exponer sus «criterios» en lo que no compartan.