El ex líder de UGT recurre que sea procesado «única y exclusivamente por su cargo»

El ex secretario general de UGT Francisco Fernández, investigado por presunto fraude en subvenciones y falsedad documental y para el que la Fiscalía pide siete años de cárcel, ha recurrido su procesamiento al considerar que el instructor nada indica «sobre cuál fue su concreta participación» en los hechos presuntamente delictivos por los que será juzgado y rechaza que se la atribuya responsabilidad penal «única y exclusivamente por el puesto o cargo que ostentaba» en el sindicato.

Además de Fernández, han sido procesados el ex secretario de Administración de UGT-Andalucía, Federico Fresneda, la responsable de la gestión en este departamento María Charpín, la trabajadora encargada de la central de compras Dolores Sánchez, y el gerente de la entidad Soralpe, vinculada a UGT. El juez estima que, entre 2009 y 2013, desviaron a las arcas de la organización 40,7 millones de ayudas de la Junta para formación mediante facturas falsas, en concierto con una decena de proveedores, también procesados. Para ello usaron tres «mecanismos defraudatorios» –bote, rappel y alquiler de aulas cuyos gastos pasaban pese a pertenecer al sindicato, algunas cedidas gratis–. Todo ello ideado por Federico Fresneda y el antecesor de Fernández, Manuel Pastrana, sobre el que el juez decreto el archivo por «incapacidad sobrevenida» (por problemas de salud nunca llegó a declarar en el juzgado y un forense lo examinó en su casa).

Fernández fue secretario general en 2013 durante apenas seis meses, ya que dimitió al estallar el caso. Su defensa señala en el recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «ninguna de las actuaciones» que en el auto se consideren constitutivas de delito «ni ninguno de los expedientes de subvención» analizados «se corresponden con el brevísimo periodo temporal en el que ocupó dicho cargo». Antes fue vicesecretario de Organización «formando parte junto a otras 14 personas de la Comisión Ejecutiva de UGT-A». Según su recurso, el auto del juez indica «en términos vagos e imprecisos» que Fresneda informaba en las reuniones de ésta «de las cuantías de rappel o descuentos» pactadas con los proveedores –que no se indicaban en las facturas presentadas a la Junta al justificar las subvenciones– pero entiende que «ello per se no debe ser criterio de imputación» pues no ha sido imputado el resto de miembros de la Ejecutiva.

Sí es la firma de Fernández la que aparece en los documentos entre UGT y Soralpe para la cesión en usufructo de los locales en los que se celebraban los cursos, pero defiende que «en modo alguno existe mecanimos defraudatorio» en la gestión de éstos y tal cesión fue realizada con «transparencia», mediante «escritura pública» y comunicada «a las autoridades tanto administrativas como fiscales». «En la vida se debe haber observado un ‘mecanismo defraudatorio’ más expuesto, divulgado y público», ironiza el abogado defensor en su escrito.

Añade que Soralpe asumía el acondicionamiento de las aulas, mantenimiento y dotación de los equipos necesarios para dar los cursos, todo ello gastos subvencionables. Y niega que algunos de los locales, cuyos gastos cargó UGT-A a la Junta, fueran cedidos gratis al sindicato por entidades como la ONCE o la Autoridad Portuaria sino que el sindicato pagaba por ellos «un canon similar a una renta» y adjunta los contratos.

La defensa de Fernández, al igual que la de la trabajadora María Dolores Sánchez –que también ha recurrido su procesamiento– se quejan de que el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla haya cerrado la instrucción sin practicar diligencias solicitadas como las declaraciones de los investigados una vez terminado el informe del perito judicial, tras cuatro años analizando expedientes, lo que a su juicio vulnera su derecho de defensa. También critican la «errónea equiparación» que hace el instructor entre «gastos no subvencionables» y fraude, una cuestión «administrativa», e incluso que cuantifique el importe presuntamente defraudado cuando el perito no lo hace.

En su recurso, el abogado de Sánchez llega a apuntar que «se realiza una ficción sin fundamento alguno» al equiparar facturas que según el perito no cumplían los requisitos con facturas por servicios no prestados.

La defensa insiste en la condición de «trabajadora» de Dolores Sánchez y, como tal, sujeta a «subordinación jurídica y técnica» a su jefe, Federico Fresneda –que también ha recurrido y pedido la nulidad del proceso–, y «sin participación alguna en la justificación de subvenciones».