Patinetes: radiografía de la nueva movilidad alternativa en Andalucía

Primero en una esquina, más tarde tres iguales en plena acera y llega un día en el que curioseas el mando de control de uno en la acera. Sí, hablamos de los patinetes eléctricos y la revolución que han supuesto para el orden –si alguna vez lo hubo– del tráfico de las metrópolis. Desde hace algo más de un año, los VMP o Vehículos de Movilidad Personal y el vacío en las ordenanzas respecto a su correcto uso ha desembocado en una controversia que dificulta aún más aún su normalización vial.

A pesar de la intención de regular su utilización por parte del Ayuntamiento de Sevilla, la última normativa municipal de estos VMP publicada en el BOP (Boletín oficial de la provincia de Sevilla) el pasado 14 de octubre sigue tensando la cuerda de la convivencia entre los viandantes y los usuarios de estos vehículos con normativas que se quedan en el limbo o, concretamente, en 2016. La ordenanza que entró en vigor el pasado 5 de noviembre que regula la circulación de monociclo eléctrico, «Hoverboard», «Segway» y patinetes eléctricos ha resultado cuanto menos polémica para aquellos usuarios preocupados más allá de la velocidad a la que son obligados a conducir, sino por la seguridad .

La Asociación por la Movilidad Personal ecológica de Sevilla, Ampes, desde la cual ven con preocupación la nueva regulación, aseguran que la nueva normativa, «es una anomalía» ya que «tenemos la peor regulación» de Europa siendo una de las más restrictivas. Aunque la velocidad también se ha visto limitada reduciéndose a 25 kilómetros por hora por los carriles permitidos, la restricción de potencia es lo que desconcierta al colectivo sevillano. La utilización del freno, el gran imprescindible de cualquier conductor, sin embargo, retrocede, según éstos, cuatro años en cuestión de seguridad ya que la nueva normativa permite conducir únicamente vehículos de 2016 que «dejaron de fabricarse». Las limitaciones de potencia son «tan grandes» que impide tener vehículos más modernos y, por lo tanto, más seguros que garanticen una frenada más eficaz. Andrés Nadal, presidente de Ampes, lamenta la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de «ilegalizar mejores frenos», más actuales debido a que doblan el límite requerido, 250 W.

Por esta razón, según Nadal, legalizar patinetes de la «tercera generación» supone así un retorno al coche, algo que frena directamente, por ende, «la labor social de utilizar patinete» ya que «en España mueren al día 40 personas por la contaminación atmosférica» y, a pesar de ello, «el Ayuntamiento pone problemas para desplazarnos de una forma limpia y sana».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sevilla afirman que los límites de la regulación asientan sus bases en la ordenanza de circulación de Sevilla y la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta aspectos como el peso del vehículo, la velocidad alcanzada y la masa corporal.

Donde aún no hay regulación

Hay tantas teorías sobre regulación como ciudades con patinetes eléctricos. Sergio Ruiz Medina, presidente de Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Granada, Ampeg, y de la Federación Nacional de Vehículos de Movilidad Reducida, tacha de «absurdo» las cuestiones de potencia puesto que «hay vehículos con 500W que no superan los 15 km/h», asegura. El Observatorio de Movilidad formado por las asociaciones de vehículos y el Ayuntamiento de Granada se encuentra redactando la nueva ordenanza para la convivencia entre los usuarios de los espacios públicos que saldrá a la luz a principios de enero.

Según la penúltima instrucción en materia de regulación de vehículos de movilidad personal a cargo de la DGT, ésta tampoco se pilla las manos en regular cada ciudad ya que, en ella, los ayuntamientos son los que comprenden las competencias sobre el establecimiento de las limitaciones, «dependiendo de la velocidad máxima por construcción, masa, capacidad, servicio u otros criterios que se consideren relevantes». Nadal asevera que en estos casos lo «ideal hubiera sido una legislatura nacional» que diera flexibilidad en vez de restricción a todas las ciudades españolas aunque la DGT ya se encuentra en plena tramitación de la misma. Desde la asociación granadina, Ruiz califica esta instrucción a nivel nacional como una «recomendación a los ayuntamientos», que equipara la utilización de los VMP al reglamento de las bicicletas sin destacar ningún límite de velocidad y potencia, por lo que obliga a ambos vehículos a regirse bajo las limitaciones de velocidad de cada ciudad. Ampeg, por lo tanto, aboga por la reducción de velocidad en toda la ciudad a 30 km/h «teniendo que haber sido implantada ya porque es una normativa de la Unión Europea», ya que, como asegura Ruiz, con 30 km/h para todos los vehículos «nos quitamos todos los problemas de regulaciones».

Por otro lado, en Málaga, aunque aún no hay normativa específica, el presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal y Ecológica de Málaga (AMPEM), Ángel Terrón, coincide en el problema de la potencia de frenada con Nadal aunque, tras haberse reunido con el departamento de movilidad del ayuntamiento malagueño, la intención es redactar una ordenanza mediante la recopilación de necesidades de la comunidad de usuarios a través de «mesas técnicas». Una de las propuestas con intención de incorporar a la normativa municipal es la creación de «ciclo carriles». Consiste en la segmentación del carril derecho de la calzada reduciendo la velocidad a menos de 30 km/h en la parte más próxima a la acera. Carriles «baratos de construir» destinados a bicicletas, VMP y coches, con el objetivo de ir reduciendo los espacios de calzada fomentando la convivencia entre unos vehículos y otros.

El aparcamiento: esa odisea

De la nueva normativa de la capital andaluza tampoco se escapan las empresas de alquiler de patinetes. Concretamente, las dos instaladas en la ciudad fueron multadas retirando patinetes por no estacionar en lugares «habilitados». Desde principios de septiembre hasta comienzos de noviembre se interpusieron 350 denuncias por infracciones respecto a la ocupación de la vía pública y se han retirado 270 patinetes de las calle; según el consistorio «deberían haber esperado a que se aprobaran las bases de la convocatoria para su implantación en Sevilla pero decidieron entrar sin los permisos adecuados» y ahora se encuentran «fuera de la nueva regulación». Sin embargo, si te estás preguntando si existen este tipo de espacios, en efecto, aún no están instalados aunque desde la Dirección General de Movilidad de Sevilla subrayan la ultimación de un documento –que saldrá en las próximas semanas– que delimite las zonas de aparcamiento además de su uso. Ampes entiende que es al Ayuntamiento al que le compete su instalación al «aceptar que vengan empresas con patinetes».

Ante la situación, hace justo un mes, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, notificó a las empresas de patinetes de la entrada en vigor de la Ordenanza de Circulación, y advertía del reglamento para «no encontrar patinetes por cualquier parte». Tras la retirada de los patinetes, Espadas invitó en su declaración a aparcar en todo «sitio donde sea un vehículo más», a criterio del usuario. La Policía Local continúa retirando patinetes de cualquier espacio que consideren no estar acorde con el reglamento. Según éste, «han de quedarse en zonas cercanas a otros aparcamientos, como los de motos o bicicletas de alquiler preferentemente» siguiendo la normativa regida para las bicicletas, todo en base a un objetivo: «que en una ciudad con 200 kilómetros de carril bici la entrada de los patinetes no expulsara a las bicis de los carriles».

La asociación lamenta no haber participado en el pleno aprobatorio de la normativa señalando que desde el Ayuntamiento sevillano «nunca quisieron» llegar a reunirse, a lo que la institución niega al haberse desarrollado mediante un «proceso participativo» donde se «tuvieron en cuenta las aportaciones de distintas entidades y colectivos, así como de la ciudadanía a través de la plataforma ‘Decide Sevilla’, con cerca de 140 propuestas».

La ausencia de normativa a nivel estatal hasta el momento fomenta la ralentización de la estabilidad del tráfico actual en las ciudades con la incorporación de los VMP como telón de fondo. A pesar de las trabas institucionales, las asociaciones de movilidad alternativa y ecológica andaluzas coinciden en que son aliados en la garantía de seguridad y la recuperación del espacio público.

La DGT pondrá multas de hasta 1.000 euros por sobrepasar la tasa de alcohol y 200 por circular por zonas peatonales

Una nueva instrucción publicada recientemente por la DGT que formará parte de la futura regulación de los Vehículos de Movilidad Personal aún en proceso de tramitación en la Unión Europea «clarifica» los criterios de utilización dirigidos a usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad. Aunque la normativa se encuentre en curso esto no impide que la instrucción pueda aplicarse para garantizar la seguridad vial de los municipios españoles.

De este modo, la DGT pone «especial atención» en que la velocidad máxima no debe superar los 25 km/h. También se restringen su utilización incorporando sanciones a comportamientos indebidos como: sobrepasar las tasas de alcohol y drogas con penas de entre 500 y 1.000 euros, llevar auriculares o hablar por teléfono tendrá una sanción de 200 euros y, por último, prohíbe su circulación por aceras y espacios peatonales siendo sancionable con 200€, entre otras medidas penales que rige esta instrucción.

Se subraya la no exigencia de autorización administrativa para circular ni para tener seguro obligatorio con el fin de esclarecer la regulación que se está llevando a cabo en las ciudades.