El urbanismo, punto negro del Ejecutivo “verde”

La organización Greenpeace ha hurgado en lo sucedido en el 2019 que se agota para hacer su tradicional balance anual y marcar los principales retos que habrá que acometer en el que viene. Entre lo mejor del año en el panorama nacional incluye una referencia a Andalucía. Se trata del hecho de que la Audiencia Nacional haya vuelto a «dar la razón a los colectivos ecologistas» y haya obligado a la empresa Fertiberia a «depositar 65,9 millones de euros como fianza por los daños de los fosfoyesos –los restos de su actividad que se apilan en balsas en la capital onubense– en la marisma de Huelva». Lo suma a otros elementos que considera positivos como la aprobación de la Ley de Residuos Balear que «propone, entre otras, la prohibición en dos años de los principales productos de plástico de un solo uso» y no descarta «la reintroducción del sistema de depósito para los envases de bebidas»; o al hecho de que el pasado 14 de diciembre España produjera «toda su electricidad sin quemar ni un gramo de este combustible fósil por primera vez en su historia».

Pero también hay hueco para Andalucía en lo peor del ejercicio. El motivo en este caso es el que «la Junta aplica el silencio administrativo estimatorio en los trámites parciales urbanísticos en la comunidad». «Esta medida –advierte la ‘multinacional verde’– abre la puerta a nuevos desmanes en la construcción y pone los intereses económicos por encima de los medioambientales». Junto a ello, en el ámbito estatal se subrayan otros puntos como que en 2019, «14 grandes incendios forestales han sido responsables del 41 por ciento de la superficie quemada», mientras «las campañas de extinción siguen centrándose en fórmulas desfasadas sujetas a estaciones desdibujadas». Además el año hidrológico termina «con el agua embalsada a menos del 45 por ciento» y «casi una cuarta parte de España se puede considerar desierto debido al cambio climático».