La sanidad pública aún necesita respirador

En el último Consejo de Gobierno del año, el que se celebró el 27 de diciembre en Córdoba, el Ejecutivo autonómico hizo un guiño sanitario al aprobar el Decreto que fijaba la convocatoria de la Oferta de Empleo Público (OEP) para cubrir 3.536 plazas en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero casi un año de gestión después, la sanidad aún necesita respiración asistida, según los sindicatos, que apuntan a LA RAZÓN algunos de los cuidados urgentes que deberían aplicársele en 2020 para poder desconectarla del respirador.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), lo tiene claro: «De nuestras grandes expectativas para 2019, no se ha cumplido ninguna. Queda pendiente todo lo que esperábamos», resume. Se centra en los médicos para anotar como prioridad «el inicio de la equiparación salarial». Les «prometieron» que «se haría en los primero cien días de gobierno, pero ha pasado un año y nada», lanza. Explica que les anunciaron que se aproximarían a la media nacional en «el precio de la hora de guardia», si bien, «2019 se ha pasado sin ningún cambio». Ahora la novedad es que les han trasladado que «habrá una tímida subida para 2020 y que en dos años vista más, van a intentar que lleguemos a la actual, con lo que entonces Esa ya no será la media estatal y estaremos por detrás otra vez», augura. Tampoco se ha avanzado, asegura, «en el tema de la exclusividad, del complemento del rendimiento o de la carrera profesional que una parte de los médicos y los temporales no tiene». En corto: «En derechos laborales de los médicos no hemos mejorado este año».

Abre el foco para abarcar el estado de la sanidad andaluza pública en general y sostiene que, pese a que «es cierto que se ha aumentado algo el presupuesto, en total la media ha estado en torno al 4% –según la Junta el incremento ha sido del 8%–. Es muy parecido al alza que veníamos teniendo en los últimos años y no ha sido suficiente como para que la inversión pueda tener efectos tangibles», matiza. Aboga por engrosar lo que se destina a esta materia vital. Y su lista de objetivos por lograr continúa: «La reforma de la Atención Primaria sigue pendiente, continuamos con agendas que no permiten dedicar diez minutos al paciente, una cuestión que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo», empieza. Y prosigue: «También lo está la reforma de las Urgencias y las listas de espera siguen siendo un problema importante, a pesar del plan de choque –puesto en marcha en abril con un presupuesto de 25,5 millones–. Este asunto lleva décadas afectando a Andalucía, pero también a la mayoría de comunidades y no es fruto de un auge temporal de la demanda. Una cuestión que es endémica no se arregla así, hay que tomar luego medidas para evitar que vuelvan a subir al cabo de los seis, siete u ocho meses». «Aquí se ha gastado dinero en un plan de choque –enlaza– que ha sido bastante poco efectivo y que además no tiene sentido. Hace falta una estrategia definitiva para controlar las listas, a largo plazo. Tenemos la misma estructura y las listas crecerán otra vez», pronostica. En definitiva, «¿qué es lo que hace falta para 2020?», condensa para responderse: «Pues que empiecen a llevarse a cabo medidas concretas, lo que hasta ahora no ha pasado», insta con firmeza.

La contratación, foco de conflicto

Para Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y de Sectores Sociosanitarios de CC OO (FSS-CC OO) en Andalucía, el «conflicto gordo» sanitario del año que acaba de terminar «ha sido el tema de la contratación». «En septiembre hubo un desvío presupuestario al SAS de más de 200 millones de otras partidas y el día 30 de ese mes terminaron una serie de contratos que no fueron renovados», expone. Hubo reacción. Se produjeron unas primeras movilizaciones «en el Hospital Regional de Málaga» que se extendieron más tarde a otros centros. «CC OO, UGT y CSIF iniciaron una campaña conjunta de protestas coincidiendo además, con el cambio del gerente del SAS», anota. El actual, Miguel Ángel Guzmán, se ha comprometido con los sindicatos a «intentar buscar un acuerdo», afirma Cabrera. «El 18 de diciembre se nos presentó una propuesta que empezaremos a negociar a partir del 21 de enero, pero, sin duda, una de las situaciones más conflictivas ha sido la de la contratación, muy especialmente en el último trimestre del año, coincidiendo con la inyección de dinero al SAS», insiste.

Otro punto pendiente que subraya pasa por «la ascensión de la carrera profesional para aquellos colectivos que no la tienen», coincide con Carrasco. Hay un modelo fijado desde 2008, pero sólo para «los licenciados y diplomados sanitarios, los médicos, enfermeros…». Relata que en un acuerdo de función pública del 13 de julio de 2018, traslación de otro estatal que se firmó con el ex ministro popular Cristóbal Montoro, se estableció que «los fondos adicionales que se contemplaban en él de dedicarían a la carrera profesional» y que «se tenía que aprobar un modelo no más allá de noviembre de 2018». Esto «lo incumple primero la anterior Administración socialista», reconoce, aunque suma que este año «tampoco se ha hecho nada». Admite que en el mencionado borrador para negociar que les han planteado se contempla «la posibilidad de que se implante el modelo ordinario de carrera profesional en Andalucía para todas las categorías». Avisa de que lo exigirán «sí o sí» en 2020, al ser «una injusticia que para ciertos profesionales, técnicos sanitarios, personal de gestión y servicios…, haya un retraso de más de 11 años respecto a otros». Su sindicato reclama, además, al Ejecutivo regional «un nuevo baremo lo más simplificado posible para que las oposiciones se resuelvan antes». «Han tardado más de tres años en hacerlo en la de 2013-2015, cuando los exámenes se hicieron en 2016», critica, y cose: «Sabemos que son más complicadas de resolver que en Educación, pero un plazo de dos años es más que razonable, sobre todo,teniendo en cuenta la temporalidad que hay y que en el futuro habrá más salidas». «Si todos los años se jubilan en torno a 2.700 trabajadores, lo que no resuelvas, supone acrecentar la temporalidad que ya está por encima del 33%, lo que no es lógico en una Administración pública», concluye.