Objetivo: que Andalucía no vuelva a tirar por el sumidero 78,5 millones para políticas activas de empleo

Se ha iniciado el juego pendular de un año nuevo que Andalucía arranca con el contador a cero en un ámbito: la puntuación que permite atesorar fondos para las políticas activas de empleo. Fue un Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que instauró en 2010, vía Real Decreto, la colaboración de las agencias de colocación con los servicios públicos de empleo, como una medida «ineludible para incrementar las posibilidades» de empleabilidad de las personas en el paro y «configurar un mercado de trabajo más equilibrado». Esas entidades se definieron y regularon luego en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Empleo. Hoy existen 132 agencias de colocación, cuya tramitación compete al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En ese contexto normativo, a la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 se vinculó un Acuerdo Marco entre las mencionadas agencias y los servicios públicos del ramo que «sirvió para coordinar los proyectos de colaboración público-privada en intermediación laboral» al que Andalucía no se adhirió por motivos que el Gobierno autonómico actual desconoce, según fuentes de éste.

Con todo, a la comunidad se asignaron para esa herramienta que no se usó 15.763.000 euros en 2015, 20.647.000 en 2016, 27.655.000 euros en 2017 y 14.457.000 en 2018. En total, la región «ha perdido 78,5 millones de euros en fondos procedentes del Estado a lo largo de esos cuatro años», de acuerdo a los datos que maneja el Ejecutivo andaluz, ya que se trata de fondos finalistas que sólo se pueden destinar al propósito para el que se reparten. Y hay más consecuencias de la inacción.

La no ejecución presupuestaria del dinero para programas con agencias de colocación ha supuesto que los indicadores de resultados asociados a este tipo de servicios y programas arrojasen un cero para Andalucía. O, dicho de otro modo, las puntuaciones de esas evaluaciones han lastrado a la comunidad, por lo que ésta se ha visto penalizada en la cuantía total de fondos para políticas activas de empleo que debería haber venido a parar a este territorio desde 2015. Esto, en una región que cerró 2019 con 777.934 personas en situación de desempleo, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y donde la mitad de los parados llevan más de un año en esa situación. Analizado el escenario, el nuevo Ejecutivo autonómico se ha propuesto iniciar relaciones con las agencias de colocación para cumplir los objetivos ya de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 y ejecutar los fondos presupuestarios que son para ese fin. Se ha licitado un contrato de prestación del servicio de colaboración con esos entes por un importe de 1.920.043,96 euros. La Junta calcula que al menos 4.000 personas se beneficiarán de la iniciativa, sobre todo jóvenes entre 18 y 29 años y parados de larga duración. El viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García, explicó ayer a LA RAZÓN que buscan «desarrollar estos métodos de colaboración público-privada para abordar aspectos a los que los servicios públicos no pueden llegar». «Hay una parte de los trabajadores en desempleo desde hace mucho tiempo –cose– que están prácticamente en una situación de exclusión social y a los que no les vale con ir a una oficina del SAE a que se les informe. Necesitan una atención muy especializada porque en muchos casos tienen que recuperar la autoestima, un acompañamiento que se hace fuera de horas de oficinas, por decirlo de alguna manera; y hay que hacerles un seguimiento cuando consigan un trabajo».

García quiere dejar claro que no es un modelo sustitutivo de lo que se hace desde el sector público, sino «complementario», y destaca que se ha recurrido a la fórmula de la licitación en lugar de la subvención para impulsar «la concurrencia pública en la presentación de proyectos». El equipo de la consejería ha contactado con empresas especializadas «en este tipo de colectivos» que despliegan su actividad «en Cataluña, Valencia y Madrid fundamentalmente» y que, según afirma, «garantizan un nivel dé éxito elevado, incluso superior al 50% en las personas que tratan». Con esa información sobre la mesa se «han animado a poner en marcha» la mencionada contratación «piloto», a la que, confían, se presenten un buen número de empresas. El objetivo no es baladí: «Mejorar la ocupación y la empleabilidad de las personas, en especial de las más vulnerables».