La Fiscalía General del Estado pide repartir “solidariamente” a los menores migrantes solos de Ceuta, Melilla y Andalucía

La Fiscalía General del Estado es partidaria de que las comunidades autónomas “se pongan de acuerdo” para “distribuir solidariamente” a los menores extranjeros no acompañados que tutelan actualmente en números “inatendibles” algunas administraciones como “las de las ciudades autónomas y otras andaluzas”.

El fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado, José Javier Huete, ha defendido en Ceuta durante unas jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados local que "hay que analizar quién tiene que hacerse cargo de ellos porque no es razonable que se concentren en territorios donde por volumen son inatendibles".

“Tener a quinientos chicos en un centro no es algo operativo porque no se les puede dar formación ni prepararlos para un recurso posterior”, ha dejado claro antes de pronunciar una conferencia titulada "El Procedimiento de Menores, Especialidades, Medidas Cautelares, trámite de audiencia y Ejecución de Medidas’ en una ciudad cuyo Gobierno regional tutela actualmente a 454 jóvenes foráneos con menos de 18 años, un máximo histórico.

Se calcula que otros 300 sobreviven en las calles, sobre todo en la zona portuaria. “Desbordado”, el Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) ha lanzado una “llamada de socorro” al Estado.

La Fiscalía General del Estado coincide en que lo que procede es "poner de acuerdo a la Comisión Interautonómica de turno para la distribución de estos chicos en base a la solidaridad y que quienes no tienen este problema ahora colaboren en la solución del que padecen Ceuta, Melilla y algunas ciudades andaluzas".

Huete también se ha posicionado contra la estigmatización de los niños y adolescentes migrantes solos. “A mí -ha advertido en declaraciones a los medios- el término MENA no me parece muy adecuado porque se usa incluso de forma despectiva: son menores migrantes que no tienen un adulto de referencia al llegar al territorio nacional y a los que el Estado se ha obligado legalmente a darles tratamiento asistencial de protección”.

“No se les tiene que vincular o no con delitos por ser menores migrantes” y “no se les puede cuestionar porque reciban atención como cualquier menor español que se quede sin un adulto de referencia protector”, ha subrayado. “Hacerlo es caro, sí, es un problema en época de crisis, pero hay que recuperarlos, formarlos, educarlos y darles un futuro porque para eso nos hemos obligado con nuestra legislación”, ha indicado.

El fiscal coordinador de Menores cree que “en el tema de los jóvenes migrantes no acompañados lo que hay que hacer es sacarlos del foco mediático: no pueden ser el centro de atención que determine cuál es la intervención del Estado porque ya está establecida. Que cambien la ley si quieren”, ha dicho, “pero que afronten que ello iría en contra de las indicaciones de la ONU y de la Convención de Derechos del Niño”.

Sobre la delincuencia juvenil en términos generales, el fiscal ha reconocido que “hay elementos muy preocupantes como el hecho de que los tipos delictivos vinculados a la violencia están creciendo: repuntan los robos con violencia, las lesiones, las agresiones sexuales y, fundamentalmente, la violencia filioparental”. No obstante, ha valorado los avances conseguidos durante los últimos años con reformas legales, tanto en materia de protección como de reforma.