Vox presiona a la Junta y tacha de «imperiosa necesidad» el pin parental

El PP defiende la libertad de los padres a la hora de opinar sobre la educación de sus hijos, Cs se distancia del partido de Abascal y el PSOE llevará el asunto al Parlamento andaluz

Bancada de Vox en el Parlamento andaluz, durante una sesión plenaria
Bancada de Vox en el Parlamento andaluz, durante una sesión plenariaManuel OlmedoManuel Olmedo

A vueltas con el denominado pin parental y la férrea oposición del nuevo Gobierno central a su implantación, Vox Andalucía defendió ayer esta medida asegurando que es un «instrumento para muchos padres para preservar a sus hijos de un adoctrinamiento impartido por dementes comisarias políticas de género que les inculcan su veneno de odio, irracionalidad e inmoralidad». «La reacción del Gobierno es la mejor prueba de su imperiosa necesidad», subrayó el portavoz parlamentario de la formación, Alejandro Hernández, en su cuenta de Twitter. En este sentido, criticó la «virulencia» de la reacción del Gobierno, que ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado», cuando «reclama cínicamente desjudicializar la política». «Nunca fue cuestión de enseñar valores, sino de imponer su ideología y cuanto más jóvenes, mejor», señaló Hernández.

Por su parte, el Gobierno andaluz defendió la libertad de los padres a la hora de opinar sobre la educación de sus hijos y quiso dejar claro que cualquier medida al respecto se haría con respeto a lo que marcan las normas. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, señaló que la posición del Gobierno central es un ejemplo más de lo distintos que son el Ejecutivo andaluz y el nacional. En este sentido, defendió que mientras el Gobierno andaluz es «liberal», apuesta por que las personas puedan elegir y, en modo alguno, es «intervencionista», el nuevo Ejecutivo nacional es «intervencionista» y prohíbe. Más alejado de las posiciones de Vox se mostró el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien señaló que no comparte la postura del partido de Santiago Abascal, pero que para gobernar el Ejecutivo andaluz existen dos «pensamientos y un solo proyecto». Marín aseguró que tampoco comparte posicionamientos en otros temas con el PP o el PSOE, y tiene que llegar a acuerdos cuando se habla del «interés general».

El consejero de Educación, Javier Imbroda, opinó que el sistema educativo «debe estar por encima de todas estas cuestiones, respetando, por supuesto, la libertad de los padres» para decidir sobre sus hijos. «No es sencillo, pero es cierto que lo que Vox transmite con este intento de implantación del pin parental –a su parecer– es una cierta desconfianza en nuestro sistema educativo y nuestros profesores», aseguró.

En el otro extremo se situó el PSOE-A, que anunció la presentación de distintas iniciativas en el Parlamento andaluz para tratar de impedir la aplicación de la medida, al considerar que supone «un dardo a la línea de flotación de la libertad y la convivencia». «Es una censura encubierta, una imposición por parte de Vox», denunció el portavoz socialista de Educación en la Cámara autonómica, Beatriz Rubiño. Según la dirigente socialista, esta medida implicaría «la desaparición de la libertad en la educación, de la autonomía en los centros, de la sensatez y la cordura», al tiempo que se abre «una clara vía al sectarismo y al enfrentamiento dentro de la comunidad educativa».

Rubiño recordó además que las actividades complementarias en los centros educativos son «totalmente obligatorias y evaluables» e incidió en que todas las actividades curriculares –sean complementarias o extraescolares– deben cumplir con los preceptos constitucionales y la legislación educativa. «El currículum no es optativo, no hace falta la autorización expresa de los padres y, mucho menos, de estos políticos aprendices de inquisidores», criticó.

También se pronunció sobre este asunto la Confederación andaluza de Asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa), rechazando «totalmente» la medida y recordando que las actividades realizadas dentro del centro escolar «se incluyen en el currículum del alumnado».