El dueño de la finca donde murió Julen no irá a juicio

La defensa del acusado y los progenitores han llegado a un principio de acuerdo un día antes de que se celebre la vista

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La defensa del único procesado en el caso “Julen” y los padres del niño de dos años que murió al caer a un pozo en Totalán (Málaga), han alcanzado un principio de acuerdo de conformidad que supondrá evitar que se celebre el juicio en la Ciudad de la Justicia de Málaga, cuyo inicio estaba previsto este martes.

El citado acuerdo, que cuenta con el vito bueno de la Fiscalía, contempla el reconocimiento por parte del acusado, David Serrano, de los hechos que se le imputan y la aceptación de una condena de prisión por un delito de homicio por imprudencia grave que se suspendería.

A Serrano, propietario de la finca en la que está el pozo en el que murió el menor de dos años rescatado sin vida trece días después, se le impondría la pena de prisión de seis meses a un año, si bien se le aplicaría la atenuante de reconocimiento tardío de los hechos y reparación parcial de los daños.

De igual modo, el procesado se compromete a abonar una indemnización a los padres de Julen, con una cantidad inicial, de unos 25.000 euros que fue abonada en el día de ayer, que tendrá continuidad con futuras cuotas mensuales hasta alcanzar la compensación económica a los progenitores de 180.000 euros.

Hasta la fecha, el Ministerio Público solicitaba una pena de tres años de prisión mientras que la acusación particular, por su parte, pedía una pena de tres años y medio de cárcel

El pacto deberá ser ratificado por el propio Serrano y el resto de partes del procedimiento ante el titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que tendrán que dar el visto bueno y, en ese caso, dictar una sentencia de conformidad.

Ese órgano judicial celebrará hoy el inicio de la vista oral previso, donde las partes han de plantear el acuerdo ante el juez, que ha de confirmar que el mismo cumple con los requisitos legales y preguntar al acusado si acepta el mismo. En caso de que así sea, el magistrado fijará la pena planteada en el documento.