Pin judicial

Los padres de Julen Roselló, Victoria y José, alcanzaron ayer un acuerdo con el dueño de la finca de Totalán en la que su hijo de dos años falleció de forma trágica, al caer de manera accidental a un pozo indebidamente excavado. El propietario aceptó un año de prisión, que no cumplirá por carecer de antecedentes penales, y el pago de una indemnización de 25.000 euros a los deudos esa misma mañana y que llegará a un total de 180.000 euros. En las democracias liberales, las únicas dignas de tal nombre, los ciudadanos deben gobernar sus propias vidas y es obligación del Estado empequeñecerse hasta donde le sea posible para no interferir en ellas. E interferir rotundamente en caso de perjuicio al prójimo. La jurisdicción de los magistrados comienza cuando hay una colisión de intereses entre partes y este sagrado mandamiento de no injerencia debería ampliarse también a aquellas causas penales que puedan solventarse con una compensación dineraria, como ocurre en el derecho estadounidense. ¿Por qué someterse al arbitrio de un ministerio fiscal y de un tribunal cuando dos personas libres e iguales han decidido resolver un conflicto por su cuenta? David Serrano cometió una imprudencia que ha tenido fatales consecuencias, pero ni es un delincuente que merezca ser privado de libertad ni ninguna pena de cárcel reparará moralmente a la familia de la víctima. Con las sentencias tan extravagantes que nos toca padecer últimamente, la celebración del juicio sólo habría empeorado una situación que es, de por sí, dramática para todos. Sólo resta desear a todos los protagonistas que sigan adelante lo mejor que puedan, que no será ni mucho menos bien. Y agradecer a la autoridad el que, por una vez, se haya hecho invisible en aras a la libertad de elección. En los juzgados, en los colegios, en los hábitos de consumo, en el ocio, en las conciencias… no es tan difícil.