La ex ministra Álvarez ve «error en la apreciación de la prueba» en la sentencia de los ERE

La severidad de la sentencia de la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares ha provocado una cascada de recursos como era previsible. Se conocía que formaban parte de ese torrente los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, o el ex consejero Gaspar Zarrías. Ahora se ha sumado a ellos la ex consejera, ex ministra y ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez. Ha anunciado a la Audiencia Provincial de Sevilla su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) al considerar el fallo, como el resto de los condenados mencionados, «contrario a derecho». En un escrito de tres páginas, al que tuvo acceso LA RAZÓN, la representación procesal de la ex ministra expone al tribunal su intención de basarse en varios motivos de casación. Para arrancar apunta a la «infracción de ley», para anotar luego otro motivo: el «error en la apreciación de la prueba». En relación a este punto, hilvana en el texto judicial una serie de documentos que, a su entender, probarían esa falla y que incluye comunicaciones trimestrales remitidas por el Consejo de Gobierno de la Junta al Parlamento autonómico, actas del primero, o estados de gastos del Presupuesto de la antigua Consejería de Empleo, entre otros.

En el escrito remitido a la Audiencia sevillana se menciona además como razón en la que sustentar el recurso a la sentencia el «quebrantamiento de forma» al que alude por «no expresarse» en el fallo «de forma clara y terminante cuáles son los hechos que se consideren probados y por contradicción» entre éstos y la «predeterminación de fallo». A éste se cose el «quebrantamiento de forma», en su caso por «no haber sido resueltos todos los puntos que fueron objeto de defensa» y, por último y al amparo de lo previsto en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por «vulneración de precepto constitucional».

Álvarez, a quien su implicación en el «macroproceso» de los ERE le costó su puesto en el BEI, fue condenada por el tribunal enjuiciador a nueve años de inhabilitación especial, como autora de un delito de prevaricación.