CECE Andalucía pide que se respete “el derecho” de los padres a escoger la educación de sus hijos

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) reclamó ayer a los responsables políticos competentes en materia educativa, fundamentalmente al Gobierno de España, que “cumpla con la libertad de los padres y con la legalidad internacional” para que se respete “el derecho preferente” de estos a escoger la educación de sus hijos.

Así lo resaltó en una nota de prensa la patronal de enseñanza privada, que respalda su demanda con la “extensa normativa y doctrina internacional”. De hecho, afirmó que “Europa no va a permitir, y el Gobierno de España tiene que ser consciente de ello, que el Estado sustituya la responsabilidad de los padres respecto a sus hijos, ni que este derecho inalienable se quede en una mera enunciación vacía de contenido”.

Por otra parte, CECE-A subrayó que el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones “no puede ser negado”, pues “ningún Gobierno o autoridad tiene legitimidad ni competencia para negarlo ni vaciarlo de contenido porque, sencillamente, forma parte de la persona”.

En definitiva, “sabiendo que las personas no son propiedad de nadie, los hijos son responsabilidad de sus padres y su educación también”, puntualizó, antes de recomendar a los representantes de los poderes públicos “sentido común, mesura y conocimiento” de la legalidad nacional e internacional y que dejen de “soliviantar” a la sociedad con “declaraciones absurdas y grotescas”.

Como ejemplo de esa "extensa normativa y doctrina internacional" que respalda sus demandas, CECE-A cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Española.

Igualmente, citó la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), que en su artículo 2 establece que “los Estados deben tener en cuenta las convicciones de los padres en el ejercicio de todas las competencias que asuma en el ámbito de la educación y la enseñanza”.

“De acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), esta obligación es amplia, pues se aplica no sólo al contenido y la aplicación en la práctica del currículo escolar, sino también al ejercicio de todas las funciones asumidas por el Estado”, concluyó CECE Andalucía.