El TSJA declara a Emerita «parte interesada» en expedientes administrativos sobre la mina de Aznalcóllar que la Junta le negó

La mina de Aznalcóllar, en Sevilla, es el objeto aspiracional de la empresa Emerita Resources, a la que la Junta de Andalucía descabalgó del concurso público en el que adjudicó el yacimiento al consorcio Minorbis/Grupo México. A partir de ahí, la primera ha emprendido una contienda judicial en la que uno de sus caballos de batalla ha sido esclarecer qué sucedió en la fase de aceptación del concurso, dado que acabó reiniciando la actividad otra tercera mercantil: Minera Los Frailes. Una de las aristas de esa pelea terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta donde Emerita elevó la negativa del Gobierno autonómico anterior encabezado por Susana Díaz a proporcionarle documentación relacionada con la admisión de la adjudicación efectuada por la resolución de 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Y no sólo eso, buscaba además información sobre la cesión de los derechos a un tercero y sobre si la beneficiaria había cumplido las condiciones impuestas en la mencionada Resolución acerca de la constitución de una fianza y de la acreditación del pago de las tasas correspondientes.

Aunque, sobre todo, la recurrente pretendía que el Alto Tribunal autonómico le reconociera su condición de parte interesada en los expedientes administrativos relacionados con los recursos mineros sacados a concurso en Aznalcóllar. Y el TSJA lo ha hecho. En una sentencia de diez páginas a la que tuvo acceso LA RAZÓN, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad perdedora del concurso y reconoce «la condición de parte interesada», de acuerdo a lo fijado en el «artículo 31 de la Ley 30/1992, entonces aplicable». En concreto lo es «en los expedientes administrativos relacionados con los recursos mineros sacados a concurso» en Aznalcóllar, según se refleja en el fallo consultado por este periódico, y como tal tiene derecho a acceder a «dichos expedientes y a la información y documentación contenida en ellos». Emerita ha presentado cinco recursos contra la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la vía contenciosa, gracias a los cuales ya tiene esos datos, pero ha logrado que el TSJA deje constancia de la actitud poco colaborativa de la Junta.