La sentencia de los ERE «no se ajusta a derecho» para el ex consejero Fernández

Los cuarenta días extra que la Audiencia de Sevilla concedió a los ex altos cargos de la Junta condenados en la pieza política del «caso ERE» han permitido a sus representantes procesales navegar con cierta calma hacia el Tribunal Supremo (TS), donde dirigieron sus miras el día que se hizo pública la dura sentencia. La mayoría de ellos, entre los que se encuentran los ex presidentes del Gobierno autonómico Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ya han anunciado al tribunal provincial su intención de hacerlo, en escritos con prosas poco afiladas, al ser declaraciones de intenciones técnicas. También lo ha hecho, según ha podido saber LA RAZÓN, el ex consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, al entender que el fallo, en el que se le condenó a una pena de siete años, once meses y un día de prisión, además de a diecinueve años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta, «no se ajusta a derecho» y lesiona «gravemente» sus intereses.

En un escrito de veinticinco páginas, el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, traslada a la Audiencia que prepara el recurso de casación que interpondrá en su día ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por varios motivos: infracción de ley, quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional. El letrado expone, en su texto judicial consultado por este periódico, al amparo de los artículos normativos que lo hará. Y, en concreto en el apartado relativo al quebrantamiento de leyes, alude al «error en la apreciación de la prueba» que basa en una serie de documentos que agrupa por bloques ligados a las consejerías de Empleo y Hacienda, al Consejo de Gobierno, a modificaciones presupuestarias, al IFA/agencia IDEA –entes públicos que actuaron de cajas pagadoras de las subvenciones investigadas–, a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) y a la delegada de Empleo, al Parlamento regional, a la cuenta general del Ejecutivo andaluz, a la Administración estatal, a las polémicas transferencias de financiación usadas para nutrir al IFA/IDEA, y a un informe pericial del profesor José Ignacio López González.

Martínez del Hoyo detalla, asimismo, dónde consideran que se han vulnerado preceptos constitucionales en el caso del ex titular de Empleo. Apunta en esos párrafos, y entre otras cuestiones, a la «infracción del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia –artículo 24,2 Constitución española–, al sustentarse la condena en una motivación arbitraria, ilógica e irracional»; o a «la ausencia de motivación en cuanto a la intervención y conductas» imputadas a Fernández «en los hechos probados» de la frondosa sentencia de 1.821 folios que el tribunal enjuiciador armó en un año.