Andalucía lidera el déficit de plazas residenciales para mayores con casi 30.000 menos

Faltan más de 70.000 plazas en residencias para personas mayores en España, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en función de las recomendaciones de los organismos internacionales, que la sitúa en 5 plazas por cada 100 personas mayores, un déficit que encabeza Andalucía, donde faltan 27.981 plazas para alcanzar esa ratio, el 40 por ciento del total nacional, mientras que Andalucía se sitúa en el grupo de comunidades donde el usuario debe pagar menos para acceder a una plaza de financiación pública, que son menos de 7.000 euros anuales.

Tras Andalucía, las siguientes comunidades por déficits de plazas residenciales, son la Comunidad Valenciana (con un déficit de 20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).

La ratio de 5 plazas por cada 100 personas en España solo la alcanzan cinco comunidades autónomas. Son los casos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón, que alcanzan o superan la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y solo una de ellas, Castilla y León, alcanza también esta ratio con plazas de financiación pública.

Según advierte la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la población mayor de 65 años ha aumentado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019, mientras que las plazas residenciales se han incrementado en 12.353 en el mismo periodo.

En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5 por ciento. Esto evidencia un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos, según han advierten desde esta asociación.

Han señalado que las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad de la ratio aconsejable.

Recuerdan que unas 100.000 personas que tienen reconocido actualmente grado II y III de Dependencia están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.

Plazas de financiación pública y privada

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, según señalan, donde destacan en este sentido comunidades como Aragón, Comunidad de Madrid o Asturias, donde existe un mayor número de plazas residenciales de financiación privada que pública.

También apuntan que existen grandes diferencias en los precios y cuantías que abonan los usuarios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, en una horquilla que va desde menos de 7.000 euros anuales en comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros en Aragón, Región de Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.

Teniendo en cuenta que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales (1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad), la asociación pone de relieve que en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40 por ciento del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30 por ciento, incluso una de ellas, La Rioja, el 25 por ciento.

Obligados a abandonar el medio rural

Otro debate pendiente, según indican, es la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que, en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo "un factor que agudiza el vaciamiento de estos territorios, y el sufrimiento de quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos".

También consideran “imprescindible” debatir sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente en la necesidad de incrementar la ratio gerocultores; pero, sobre todo, sobre el modelo residencial, para “superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona”.