Los cargos de la Junta de Andalucía con indemnizaciones por vivienda superan ya los 80

No han brotado de la nada y tienen respaldo legal, pero ya son 84 los altos cargos del Gobierno andaluz que cobran indemnizaciones por vivienda o alojamiento y todos ellos en conjunto percibieron 292.846,81 euros en el cuarto trimestre de 2019 por ese concepto, esto es, durante los pasados meses de octubre, noviembre y diciembre. Se trata de sobresueldos libres de impuestos de hasta 1.430,19 euros al mes en algunos casos que se otorgan para pagar la casa a quienes se tienen que desplazar de sus domicilios oficiales hasta Sevilla para ejercer las funciones propias de su puesto.

De los 38 representantes de la Administración autonómica que figuraban en un primer listado hecho público en mayo, se ha pasado a otro, actualizado a 31 de diciembre del pasado ejercicio, accesible ahora en el portal de transparencia de la Junta y en el que se puede comprobar que la hilera de nombres supera ya los 80. Aunque hay alguna matización como que en dos casos se había generado el derecho en aquella fecha, pero no se había sufragado. Es decir, a lo largo del primer año de gestión del Gobierno andaluz conformado por PP y Ciudadanos (Cs) los beneficiarios se han incrementado en 46, con respecto a la primera cifra que se difundió tras su conformación a finales de enero. La Ley de Transparencia permite conocer estos sobresueldos desde 2015 y a cuántas personas alcanza la factura. El Ejecutivo regional que preside el popular Juanma Moreno se la costeó a finales de 2019 a la cifra más elevada desde entonces, ya que durante la etapa de los gobiernos de la socialista Susana Díaz, el número mayor de agraciados con esta indemnización se produjo en el verano de 2018, donde hubo 58.

Entre los altos cargos que han recibido las indemnizaciones por vivienda figuran nueve de los once consejeros existentes. Son el de la Presidencia, Elías Bendodo (PP); la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP); el de Educación y Deportes, Javier Imbroda (Cs); la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs); el de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco (Cs); la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (PP), Carmen Crespo; y el vicepresidente y titular de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs). A ellos se suman el de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, si bien en su caso el periodo de devengo se puntualiza que fue entre el 15 de marzo al 15 de julio; y el máximo dirigente de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a quien sólo se vincula un apunte de 147,14 euros en diciembre. También se refleja en la lista a varios viceconsejeros, en concreto a los de Educación, Agricultura, Salud, Empleo, Cultura y Presidencia.

En la constelación de críticas que PP y Cs dibujaron cuando estaban en la oposición se insertaban estos incentivos que han decidido mantener en el otro lado. Aunque también han subrayado desde ahí que han recortado en la estructura de la Administración regional, tanto en cargos eventuales, donde la reducción fue del 19,1%, lo que habría supuesto un ahorro anual de unos 2 millones; como en la estructura periférica, con una poda del 12,3%; y en la red directiva de la Junta, con una rebaja del 13,4%, lo que se tradujo en 26 puestos directivos menos, según los datos difundidos por el propio Ejecutivo andaluz.