El Puente de «La Pepa»: 76 meses de retraso y un incremento de gasto del 70%

El Puente de la Constitución de 1812, conocido como puente de «La Pepa», en Cádiz, supone según el Tribunal de Cuentas un compendio de desbarajustes presupuestarios que abarca a varios gobiernos tanto de signo socialista como popular. La ministra que acabó la obra, la popular Ana Pastor, alegó al Tribunal de Cuentas que los errores los heredó del proyecto iniciado por el PSOE.

Originalmente, se proyectó «un puente de ‘arco puro con tablero colgante’, seleccionado por ser la opción ‘de menor coste’ y de ‘concepto estructural más sencillo’, pasando posteriormente en el Proyecto aprobado en 2006 a un modelo de ‘puente atirantado’, cuyo presupuesto de ejecución para 2007 se valoró en 299 millones de euros». Las obras fueron adjudicadas en 2007 por 272,9 millones, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 41 meses, fijándose su fecha de terminación para el día 16 de septiembre de 2010. Sin embargo, la obra sufrió durante su ejecución distintas incidencias que afectaron tanto a los plazos como al coste.

Como consecuencia de la aprobación de tres modificaciones contractuales, tres proyectos de obras complementarias, distintos reajustes de anualidades, revisiones de precios, créditos adicionales por incrementos del IVA y sucesivas suspensiones de la ejecución de la obra y revisiones del plazo de terminación, la ejecución de las obras finalizó en enero de 2017, con una duración total de 117 meses (9 años y 9 meses) y un retraso de 76 meses (seis años y cuatro meses) sobre el plazo previsto. El importe total por obra ejecutada ascendió a 460, 6 millones, 187,6 millones más de los casi 273 millones inicialmente contemplados en la adjudicación, lo que supuso un incremento del gasto por este concepto del 68,7%

Los cambios, según el Tribunal de Cuentas, se hicieron sin argumentar «las razones de interés público» y supuso «el primer incumplimiento de la supeditación del proyecto a la programación presupuestaria, y que, a la inversa, supuso la primera gran adaptación del presupuesto al proyecto». El Tribunal de Cuentas señala que «la desviación máxima en las previsiones interanuales alcanzó el 125 % y se produjo entre los ejercicios 2006 (226,6 millones de coste total previsto) y 2016 (511, 6 millones de euros de coste total previsto)». «Tomando en consideración el coste total previsto para los ejercicios presupuestarios de 2007 (304 millones), primer año de ejecución efectiva de la obra, y 2018 (493,9 millones), último año de ejecución presupuestaria, la desviación en las previsiones ascendió al 62,4%. Teniendo en cuenta que finalmente la inversión total real ascendió a 490,2 millones en 2018, la desviación sobre la previsión correspondiente 2007 ascendió a 186,1 millones, un 61,2% superior a lo inicialmente presupuestado tras fijarse el presupuesto de licitación de las obras», señala. La desviación anual media producida entre la previsión presupuestaria y su ejecución material ascendió al 103%, con una desviación máxima del 721% en 2007. En siete ejercicios (2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015) las desviaciones, en más o en menos, sobre las previsiones, fueron superiores a 20 millones en cada ejercicio, ascendiendo a más de 69 millones en 2010, más de 43 millones en 2011 y más de 42 millones en 2013. El Tribunal de Cuentas concluye que la presupuestación no ha servido «en este caso como técnica de planificación sino como mero instrumento habilitante de la financiación de unas necesidades cambiantes que no se ajustaron a su programación».

Temporalmente, la construcción del puente presenta lagunas. «La fase preparatoria de la obra del Puente sobre la Bahía de Cádiz se extendió a lo largo de varias décadas, tiempo en el que debieron abordarse todas las previsiones técnicas, económicas y administrativas a las que debería haberse sujetado el proyecto», dice el análisis. «Sin embargo» fue «una vez iniciada la ejecución material de las obras cuando se han producido incidencias y alteraciones sustanciales del proyecto». Entre las alteraciones más significativas está «la suscripción entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Obras Públicas y Transportes del ‘Protocolo de colaboración para el diseño y desarrollo de las actuaciones necesarias para la construcción y puesta en operación de una plataforma tranviaria sobre el nuevo puente de acceso a Cádiz’, diez meses después de haberse iniciado la obra, al contener una actuación que alteraría de forma sustancial un proyecto aprobado y ya en curso» y «más aún si se tiene en cuenta que finalmente el tranvía no fue puesto en operación». En resumen: se redujeron los carriles de tres a dos con la promesa de dotar de un tranvía que no existe. Otro cambio que provocó retrasos y sobrecostes fue la incorporación al viaducto de un tramo levadizo en forma de puente basculante para permitir el paso de grandes buques.

Las expropiaciones no entran dentro del informe pero sí se menciona que de una inversión valorada en casi seis millones se pasó a más de 10, «lo que supuso un incremento del 71,6 %».