Los miembros del SAT juzgados por «expropiar» en un súper no se arrepienten

Quince de los veinte pactan y aceptan una multa de 720 euros a cada uno por robar. Los jornaleros afirman que se trató de una acción simbólica, pero los empleados afectados declaran que no fue pacífica

Hay a quien aún le martillean en la cabeza los sonidos de aquel día. Algunos de sus protagonistas tuvieron que comenzar a enfrentarse hoy a las consecuencias de lo que sucedió. Tras un aplazamiento, ha arrancado el juicio contra los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de robar objetos de «primera necesidad», según ellos, que sacaron de un supermercado de Écija (Sevilla) en carros de la compra el verano de 2012, acaparando titulares. De los veinte acusados, quince han aceptado una pena de seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 720 euros –una cuota de unos dos al día durante 12 meses– para cada uno, con lo que era previsible que cinco se sentaran en un banquillo del juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. Pero no ha sido así.

Entre los encausados se encuentra el ex concejal de Jaén en Común y cabeza de cartel de Podemos por esa provincia en las elecciones generales de 2015, Andrés Bódalo, a quien en septiembre de 2017 concedieron el tercer grado penitenciario, tras ser condenado a tres años y medio de prisión por agredir a un edil del municipio jiennense de Jódar, si bien él siempre lo ha negado. Otro de la lista es el malagueño Francisco Molero. En su caso, cumple una pena de cinco años por participar en la acción «Rodea el Congreso». También han pactado, entre otros, el ex diputado de IU por Sevilla Manuel Rodríguez; el secretario de Organización del SAT, José Caballero; y el alcalde de la localidad sevillana de Pedrera, Antonio Nogales (IU), según han apuntado a este periódico fuentes del SAT.

Por contra, el actual líder de la organización sindical, Óscar Reina, está entre los que sólo sabrán si se tiraron a un pantano seco cuando se dicte sentencia. Para él y otros cuatro compañeros de «lucha» la Fiscalía y la representación procesal de la superficie comercial afectada solicitan un año y seis meses de prisión. Ni Reina ni otros tres señalados han entrado en sala al autoproclamarse insumisos judiciales. Sí ha comparecido ante la jueza un quinto acusado, quien ha sostenido que nunca llegó a entrar en el supermercado. De acuerdo a su relato, permaneció en el exterior junto al histórico alcalde de la sevillana Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya libró de esta causa al entender que no existían indicios de su participación material en los hechos. Por el juzgado han desfilado además cinco empleados del establecimiento, quienes han constatado «zarandeos», «insultos» y «agresiones», según han aseverado fuentes del caso a este diario. Han coincidido en la sensación de «temor» y, en concreto una cajera, ha declarado que «le pegaron un puñetazo» en las manos en un carro al tratar de detenerlos. A su entender, no fue una acción «pacífica». Aunque los miembros del SAT han insistido en que había sido una acto «simbólico» y han recordado que entregaron lo que «expropiaron» a personas de una corrala de Sevilla. Reina ha proclamado incluso luego en sus redes que no se «arrepentían de nada» y que lo volverían a hacer «una y mil veces» mientras «haya pobreza en Andalucía». El juicio proseguirá hoy.