La Junta ahonda en la libre elección con un decreto que contempla el patrimonio

«No hay que tener miedo a la libertad de los padres a elegir el centro donde estudiarán sus hijos». Los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y de Educación, Javier Imbroda, subrayaron que la filosofía del nuevo decreto de escolarización –que incluye numerosas novedades en cuanto a los criterios de admisión– se basa en la libertad, dando un protagonismo relevante a los centros concertados, obviados por los anteriores ejecutivos socialistas. La norma, aprobada en Consejo de Gobierno, incluye por primera vez la existencia en todas las zonas de escolarización de un centro público y de otro concertado, siempre que en la localidad exista uno de esta última categoría. «No hay ningún plan oculto», aseguró Imbroda ante la posibilidad de que la Junta pretenda ampliar la red de centros concertados. Además, estos colegios podrán adscribirse a un instituto público, con el objetivo de «estabilizar la oferta y la demanda y reforzar la coherencia entre etapas», evitando que alumnos de la concertada abandonen un centro, por ejemplo, en tercero o cuarto de ESO para matricularse en bachillerato en un centro público. Esta novedad entrará en vigor en el curso 2021/2022, mientras que las restantes se harán efectivas el próximo curso 2020/2021, todas ellas nacidas del consenso con la comunidad educativa, tal y como remarcó Imbroda.

El ámbito de la baremación es el que presenta más novedades. En el criterio de renta per cápita anual se otorgan más puntos a las familias con menores ingresos. Además, se introduce un factor de corrección patrimonial para las unidades familiares que superen determinados umbrales. La valoración máxima de este criterio se amplía hasta los 4 puntos, 2 más con respecto a lo consignado en la normativa anterior. También influye de forma positiva en la baremación la existencia de hermanos matriculados en el centro –20 puntos por cada uno, cuando antes se otorgaban 16–, en el criterio de discapacidad aumenta la puntuación en relación a supuestos y gradación, se incluyen más supuestos en el criterio de familia numerosa o monoparental y se incluyen beneficios para los hijos víctimas de violencia machista y de terrorismo.

Igualmente, tendrán prioridad los hijos de las personas que tengan su puesto de trabajo en el centro y los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen. El decreto también incluye medidas referidas al alumnado prematuro extremo –nacido antes de las 28 semanas–, que será escolarizado en el año que le correspondería por nacimiento natural, así como el alumnado con enfermedad grave, que se escolarizará en un centro próximo a su domicilio.

El PSOE hará «todo lo que pueda» para que no se aplique la norma

El PSOE-A aseguró ayer que hará «todo lo que pueda», junto a la comunidad educativa, para intentar que no se aplique el nuevo decreto de escolarización, al considerar que es «un misil» contra la educación pública. «Este decreto creará estudiantes de primera, segunda y tercera clase», aseguró el secretario de Organización de la formación, Juan Cornejo, quien señaló además que es una norma «innecesaria» porque el 95% de los alumnos obtiene plaza en el centro elegido en primera opción. También rechazó que favorezca la libertad de elección de las familias: «Es falso porque serán los centros los que finalmente decidirán», remarcó Cornejo.

Sindicatos creen que es un «ataque a la educación pública» y protestarán

Los sindicatos CSIF, CC OO y Ustea –integrantes de la Mesa Sectorial de Educación junto a UGT y ANPE– tacharon el nuevo decreto de escolarización como un «ataque a la enseñanza pública» y «al papel del sistema educativo en la cohesión social», toda vez que anunciaron movilizaciones para exijir la retirada de estas medidas. En un comunicado, CSIF Andalucía expresó «su firme desacuerdo» con la modificación del decreto de escolarización, realizada «sin contar con el sentir» de la comunidad educativa, lo que, a juicio del sindicato, es una medida que supone un «ataque en toda regla a la enseñanza pública».

Inspectores aplauden que puedan presidir comisiones de admisión

El Sindicato de Inspectores de Educación (USIE) valora que el nuevo decreto contemple que los inspectores de educación puedan presidir las comisiones territoriales de garantías de admisión. El presidente de USIE-Andalucía, Antonio Asegurado, subraya que «de esta manera se podrá garantizar con mayor seguridad una mejor y más adecuada planificación de unidades escolares y recursos, avalada con criterios técnicos y profesionales, que puede contribuir a evitar arbitrariedades y desequilibrios entre unos centros y otros». «La nueva estructura de comisión puede garantizar, con un inspector al frente, una mayor seguridad», señala.