La fiscalía denuncia a la alcaldesa de Osuna por permitir una urbanización ilegal

La fiscalía de Sevilla ha denunciado en los juzgados a la alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar (PSOE), y a los responsables municipales de urbanismo y medioambiente desde 2018 por permitir una urbanización ilegal.

En la denuncia ante el juzgado decano de Osuna la fiscalía considera que los responsables municipales habrían cometido un delito contra la ordenación del territorio por “la consolidación de un núcleo poblacional en pleno suelo rústico con la anuencia del consistorio”.

La fiscalía recuerda que el Ayuntamiento actuó ante la “proliferación” de construcciones ilegales desde 2011 en la urbanización denominada Los Enredaderos tras una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El Seprona puso en conocimiento del equipo municipal la urbanización ilegal el 19 de septiembre de 2011, tras lo cual desde el Ayuntamiento “se dictaron medidas de suspensión y restauración de la legalidad frente al parcelador que, a la vista de la evolución actual de las construcciones, tuvieron mero reflejo documental”, reprocha la denuncia.

“Ningún acto material de restauración fue ejecutado, ni ordenada la eliminación de las subdivisiones al parcelador, ni ejecutado ello subsidiariamente por el consistorio”, explica la fiscalía antes de lamentar que una inspección del Seprona en julio de 2018 confirmó “la existencia de numerosas casas tipo chalet, algunas de ellas en fase de construcción y muchas finalizadas”.

También se ha comprobado que “algunas de las parcelas ocupan en parte zona de policía y servidumbre del arroyo de los Enredaderos”, subraya la denuncia, en la que se indica que el Ayuntamiento informó al Seprona en julio de 2018 de que los terrenos seguían siendo no urbanizables y que la inspección urbanística actualizaría la información.

“Realizadas las inspecciones en noviembre de 2019, las mismas han confirmado la existencia de numerosas edificaciones en distinto estado evolutivo, que no han sufrido ninguna interrupción por el Consistorio pese a conocer desde 2011 la existencia y desarrollo de la urbanización ilegal”, agrega la denuncia de la fiscalía.

“El resultado de todo ello ha sido la consolidación de un núcleo poblacional en pleno suelo rústico con la anuencia del consistorio”, concluye la denuncia.