La Fiscalía denuncia un «macrovertedero» sin «control medioambiental alguno» en Guillena

Tras denuncias enhebradas por incumplimientos, ahora es la Fiscalía la que ha presentado una querella ante el juez decano de los juzgados de Sevilla por la existencia de un vertedero «sin control medioambiental alguno» en una zona del término municipal de Guillena que podría estar incluida en el ámbito del «plan especial de protección del medio físico en el catálogo de la provincia» sevillana. Ecologistas en Acción lleva años avisando de que en ese punto se amontonan «residuos no seleccionados» de todo tipo como «plásticos, latas de pinturas de productos químicos, neumáticos, vehículos, colchones, electrodomésticos, uralitas…» en una superficie de unas dos hectáreas. Los conservacionistas han notificado también que, «por las dimensiones y el tipo» de elementos que se apilan en el «macrovertedero» y «los millones de kilos que se pueden ver, además de los que se suponen enterrados», podría apuntarse a la existencia de «un tráfico de todo tipo» de materiales. Junto a esto, en los hoyos que se han producido en la explotación de una cantera, donde se depositan los vertidos», hay «balsas con lixiviados», lo que conllevaría un «grave riesgo de filtraciones» en época de lluvias para «el acuífero aluvial de la Ribera de Huelva y del río Guadalquivir». Dejaron constancia, por último, de que sobre la cantera en cuestión pesaba una «resolución de paralización del 13 de marzo de 2013», aunque más de seis años después seguía con su actividad, «tanto en producción de áridos y tierra fértil», como con los enterramientos del vertedero.

La Fiscalía se alinea ahora con Ecologistas y en su querella, que dirige contra el representante legal de la empresa Á. B. S A y quienes «resulten responsables medioambientalmente», apunta a que «informes emitidos por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) advierten de un peligro de afectación de la calidad de las aguas» y a que en documentación remitida por el Gobierno andaluz se «expresa una clara desobediencia a las órdenes dadas» en el sentido de «restaurar la situación». En el texto judicial del Ministerio Público, al que tuvo acceso LA RAZÓN, se detallan las actuaciones que distintos entes han emprendido contra la mercantil señalada como la propia CHG, el Ayuntamiento de Guillena, delegaciones territoriales de diversas áreas de la Junta, que llegó a imponer a la sociedad una sanción de 50.000 euros en el verano de 2018; o de la Policía local. Ésta el pasado octubre comprobó que «la empresa seguía vertiendo escombros y materiales procedentes de las obras» que «eran cubiertos con tierra vegetal» que se extraía «de la propia parcela sin medida alguna de protección del medio». La Fiscalía considera que los hechos «son presuntamente constitutivos de un delito de desobediencia» y de otro «contra el medio ambiente».

Plantea como diligencias a practicar una inspección del lugar por parte de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para determinar el estado actual de las instalaciones «respecto de las órdenes de paralización y restauración», así como la concreción del «organigrama de la empresa» señalada. A ello suma que se tome declaración «en calidad de investigados» a los denunciados, los representantes de Á. B. S A; la «ratificación judicial de dos técnicos» de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de lo expuesto en un informe; y que se encargue otro a la «delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente acerca del grado de protección de la parcela» y en el que se aclare si, como indican los ecologistas, el vertedero se halla en zona protegida. A lo anterior se añade que el Ministerio Público solicita, como medida cautelar, que se ordene la «paralización de los vertidos en las condiciones establecidas por las administraciones competentes» y que se declare compleja la causa, si un juzgado la abre, para poder tener un margen amplio de instrucción. Parece que podría haberse empezado a poner coto real a una mole de residuos que para los ecologistas es la crónica de un desastre anunciado de daños continuados al dominio público hidráulico y a un espacio que debió haberse resguardado.

Los conservacionistas, «muy satisfechos»

Ha sido la federación de Sevilla de Ecologistas en Acción la que dio la voz de alarma sobre la existencia del vertedero incontrolado y la que ha reclamado a las administraciones en varias ocasiones que «se iniciaran los trámites necesarios para la investigación, el esclarecimiento y la preceptiva sanción a sus responsables». Ayer sus miembros estaban «muy satisfechos» por la intervención de la Fiscalía.