WWF y Ecologistas trasladan a delegados de la Unesco la necesidad de clausurar las fincas ilegales en Doñana

Una delegación de la Unesco visita desde ayer y hasta este viernes el espacio natural de Doñana para examinar el estado de conservación de ese enclave compartido entre las provincias de Sevilla y Huelva que es Patrimonio de la Humanidad. El viaje y sus implicaciones forman parte de los compromisos que este organismo asumió en julio del año pasado cuando se conjuró para vigilar el uso ilegal del agua que aún lastra al coto, la degradación del humedal y su impacto en la biodiversidad. Los delegados mantuvieron reuniones ya en su primer día de trabajo, entre ellas con representantes de WWF y Ecologistas en Acción, quienes les trasladaron su visión sobre la problemática que afecta al parque y respondieron a sus preguntas. Se interesaron en concreto por «el Rocío o por si existe alguna normativa en España que pueda evitar que se hable de forma repetitiva de los mismos proyectos». Algo lógico, para el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, si se tiene en cuenta que «en 2000 estábamos hablando de la construcción de la carretera Huelva-Cádiz y en 2020, veinte años después, volvemos a lo mismo. Hay planes que parecen que se cierran, pero se vuelven a abrir», lamentó. Abordaron también con los miembros de la expedición de la Unesco «el tema del agua, la mala situación del acuífero» que nutre Doñana de forma principal y cuyas masas están «sobre explotadas o en mal estado cuantitativo». Y no se quedaron ahí los ecologistas.

Pusieron sobre la mesa soluciones y avisaron de que «está muy bien cerrar pozos, pero para una correcta recuperación de la zona, es necesario acabar de una vez por todas con las miles de hectáreas ilegales que hay en Doñana», dado que a veces las fincas tienen más pozos del que se clausura y se riega desde esos otros. Según WWF, más de 1.600 hectáreas de las 8.000 de cultivos intensivos bajo plástico que cercan el parque se hallan «en situación claramente irregular». Para los conservacionistas hay que «hablar de movilidad», de «nuevos modelos de desarrollo» y advertir de que no se dotará «de mayor seguridad» al camino que une Villamanrique con Isla Mayor, «convirtiéndolo en carretera, como se ha propuesto». «Las vías rápidas tienen que salir de los espacios protegidos», resumió Carmona.