Ecologistas pide que se cite a declarar a ocho personas como investigados por la falta de depuración de aguas

Imagen de la EDAR de San Jerónimo de Sevilla, una de las que está siendo investigada por su funcionamiento
Imagen de la EDAR de San Jerónimo de Sevilla, una de las que está siendo investigada por su funcionamiento

Un buen puñado de cargos públicos y gerentes de empresas del ciclo integral del agua está siendo investigado en la comunidad, después de que en marzo de 2017, la federación andaluza de Ecologistas en Acción interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de Medio Ambiente por un posible delito asociado al cobro de la tasa de depuración en municipios donde se estaba incumpliendo presuntamente la normativa que regula los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento secundario. A partir de ahí se abrieron diligencias en varias provincias. En Sevilla se ocupa del asunto el juzgado de Instrucción número 6 y en el ámbito de esa causa, que ha sido catalogada como compleja, Ecologistas ha pedido al órgano judicial que cite a declarar «como investigados» a los integrantes de una hilera de personas que ya fueron llamadas por la Guardia Civil pero, en su «mayoría» se acogieron a «su derecho» a no hacerlo «en esa sede». Unos «en base a que no habían podido instruirse» y otros «manifestando que prestarían declaración en sede judicial», se expone en un escrito al que tuvo acceso LA RAZÓN.

Se trata en concreto de ocho personas, cinco del ámbito de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante los últimos años y otras tres vinculadas a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S A (Emasesa). Se solicita además que desfilen por el juzgado una técnica y un asesor de la mencionada Delegación sevillana, así como un consejero delegado de Emasesa, pero, en su caso, como testigos para que puedan arrojar luz sobre los hechos que se analizan. En la causa consta un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, del que se concluye, según los conservacionistas, que se podría haber cometido un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al haberse saltado autorizaciones y haberse vertido aguas residuales «superando los límites de los parámetros estipulados de forma continua por espacio de más de tres años» en una zona sensible al estar ligada al parque nacional de Doñana, gracias a una resolución de julio de 2006.