El PER y el tren en Cataluña

La empresa Ferrocarriles de la Generalidad acaba de desplegar por las estaciones una campaña publicitaria con el mensaje “El déficit fiscal de Cataluña con el Estado va a superar los 16.800 millones de euros (entre) los años 2015 y 2016”. Es una empresa pública y su página web permite acceder a sus cuentas anuales. Las últimas corresponden a 2017 y en ellas aparecen la cuantía de las subvenciones recibidas. Unas subvenciones que proceden del Presupuesto de la Generalidad y que, por tanto, se nutren de las aportaciones de los contribuyentes catalanes y de los residentes en cualquier otro lugar de España. También del resto de la Unión Europea. De manera que parte de la campaña institucional de Ferrocarriles de Cataluña puede estar pagándola Vd. que amablemente lee estas letras. El déficit fiscal o diferencia entre las aportaciones a los ingresos del Estado por los contribuyentes que residen en Cataluña y el valor del gasto del Estado en sus cuatro provincias está en el origen del “procés”. Su punto de partida “oficial” fue el 20 de septiembre de 2012 cuando el entonces presidente Artur Mas respondió a Mariano Rajoy “Quedo liberado” cuando el segundo se negó a dar a Cataluña un “pacto fiscal” que resolviese el “déficit” esgrimido por el líder nacionalista. Mas se había investido presidente con sólo 50 diputados sobre un total 135 escaños. Entonces y en pleno rescate “suave” de la economía española, decidió poner en marcha el desafío a modo de una puja al alza que conduciría finalmente al golpe de Estado iniciado con la aprobación ilegal de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017. Hay, al menos, tres cuestiones en este asunto clave; 1) la cuantía del déficit fiscal, 2) la lógica del mismo y 3) su uso institucional en la construcción del relato del golpe de Estado. Sobre la cuantía del “déficit fiscal” de la campaña institucional de Ferrocarriles de la Generalidad (recuerde que Vd también la paga) debe recordarse que ésta aplicó a beneficio de inventario el criterio del ‘flujo monetario neutralizado’. Este criterio consiste en exigir como ingresos de libre disposición para Cataluña el coste de la deuda catalana que paga el Estado español, esto es, se desentienden de la deuda que la Generalidad ha ido generando. Este coste lo cifran en el 20 % de los impuestos recaudados en Cataluña y lo contabilizan como una aportación más de Cataluña al Estado. La aplicación del criterio del ‘flujo monetario neutralizado’ les permitió en el entorno de 2012 construir la cifra de 16.409 M€ que ‘España robaba a Cataluña’. Como ejemplo de otro de los clamorosos silencios del Gobierno de la Nación ante las mentiras secesionistas, hubo que esperar hasta el 4 de junio de 2014 para que el Ministerio de Hacienda publicase el documento de las Balanzas fiscales (cuentas territorializadas) bajo la dirección del catedrático de Economía, Ángel de la Fuente. Ahora sin las trampas contables independentistas el resultado del “déficit catalán” era de 8.455 millones de euros (M€) frente a los 16.409 esgrimidos por el presidente Mas. Hasta aquí, por tanto, cabe impugnar a la campaña de Ferrocarriles de Cataluña la falsedad de la cifra pero no la existencia de un déficit fiscal. El muy tardío documento del Ministerio de Hacienda permitía poner en perspectiva el pretendido agravio del Estado a Cataluña pues si bien era cierto que existía déficit fiscal no era menos cierto que muy inferior al que soportaba Madrid y que ascendía a casi el doble (16.700 M€). Pero, y aquí la segunda pregunta, ¿cuál es la lógica del déficit? Fiscalmente la lógica es muy sencilla. Los ingresos que los contribuyentes catalanes obtienen de actividades económicas realizadas con el resto de España son extraordinariamente elevados. Sin ellos no podría explicarse su nivel de bienestar. En sentido contrario, si Cataluña no obtuviese los beneficios económicos que le reporta su relación con el resto de España su tributación sería menor, posiblemente recibiría transferencias niveladoras del resto de contribuyentes españoles, no tendría déficit sino superávit fiscal pero tampoco gozaría del nivel de bienestar del que ha disfrutado secularmente. Veámoslo con cifras. Para entender bien la lógica del “déficit fiscal” catalán nada mejor que leer el documento «Economía política de la independencia de Cataluña» del Catedrático de Economía y miembro del Foro de Profesores Mikel Buesa. El autor explica eficazmente en pocas palabras que el déficit fiscal catalán no es sino el anverso contable de la preeminente posición comercial que Cataluña mantiene en el mercado interior español, situación que comparte con otras regiones como Madrid, las Islas Baleares, Valencia o Navarra. En otros términos, el déficit fiscal es consecuencia de su beneficiosa posición en los intercambios comerciales con el resto de España. Si la lógica del “déficit fiscal” es evidente, podemos ahora ponerle números que ayuden a entenderla aún más. Basta acudir a reciente informe de la Asociación Convivencia Cívica Catalana, “El resto de España, motor de la economía catalana” basado en datos del propio Gobierno de la Generalidad. El resto de España continúa siendo con gran diferencia el mercado más importante de ventas de las empresas catalanas, quintuplicando en volumen al siguiente cliente (Francia). Casi un tercio de todo lo producido por las empresas catalanas (31%) está asociado a las compras del resto de españoles. Estas compras repercuten positivamente en la economía catalana desde varios puntos de vista, generando riqueza en Cataluña por un importe total de 54.000 M€ anuales (7.200 euros por catalán y año). Las compras del resto de españoles generan unos 27.000 M€ anuales en beneficios empresariales para las compañías catalanas y permiten para pagar remuneraciones de trabajadores catalanes y generar empleo. En concreto, 27.171 M€ anuales de remuneraciones salariales y 973.000 puestos de trabajo en Cataluña generados por los ingresos procedentes del resto de España. La última cuestión en torno al “déficit fiscal” es su uso como parte central del relato secesionista. Mikel Buesa recuerda que el argumento económico no ha formado parte tradicionalmente del discurso de los partidarios del derecho de autodeterminación. Este tipo de discursos ha estado históricamente basado en la apelación a razones identitarias de una patria pretendidamente arrebatada. Sin embargo, ahora y no sólo en España, los movimientos separatistas han incorporado al listado de su argumentario las ventajas que –en su opinión– el bienestar de sus ciudadanos alcanzaría de obtener la independencia. Ferrocarriles de la Generalidad actúa en su campaña institucional (que Vd seguramente cofinancia) incidiendo en el vector del victimismo económico. La campaña es de un cinismo grueso. El dato afirman estar tomado de la Dirección General de Presupuestos. Si alguien espera que el Estado emprenda una campaña similar en tamaño y en duración, puede muy bien sentarse. El Tribunal de Cuentas cifró en 417 M€ lo gastado entre 2011 y 2017 para promocionar la secesión de Cataluña y ello a pesar de las trabas puestas por el gobierno de la Generalidad. Esta semana el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentaba una Proposición no de Ley en Andalucía para aumentar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (el antiguo PER) actualmente dotado con 161 M€; una acción absolutamente paliativa que en nada resuelve el problema estructural del medio rural andaluz y que sirve para que muchos estigmaticen a Andalucía por las bolsas de voto cautivo que genera. La cantidad que el Tribunal de Cuentas determina que la Generalidad gastó irregularmente en la promoción institucional del “procés” es 2.5 veces mayor que el PER. Tiene similares efectos en términos de voto cautivo. Pero nadie hace de este tipo de despilfarros un relato de agravios. De agravios por no atender con esos fondos a los servicios públicos. De agravios por los enfrentamientos promovidos y basados en mentiras. De agravios por pagar viajes –en tren- a ninguna parte.